A estas denuncias se suman los reclamos ante la ONU de la familia de uno de los asesinados en el hotel Las Américas, Michael Dwyer, y de la pareja de Eduardo Rózsa.
“El Estado boliviano se va a defender utilizando todos los recursos porque esa gente ha venido aquí a dividir Bolivia y decía en alguna oportunidad que como políticos pueden hacer lo que sea, pero la patria no se toca. Nosotros vamos a responder este tipo de afrentas vengan de donde vengan”, aseveró ayer el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, con relación a esas acciones internacionales iniciadas contra el Estado Boliviano.
El 16 de abril de 2009, en un operativo en el hotel Las Américas en Santa Cruz contra supuestos terroristas, la Policía abatió a tiros al rumano Mayarosi Ariad, al irlandés Michael Dwyer y al boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, y arrestó a Ramiro Francisco Tadic Astorga y al húngaro Elot Tóázó, quienes fueron trasladados a La Paz y desde entonces están recluidos en la cárcel de San Pedro.
Johnny Prado, abogado defensor de Francisco Tadic Astorga y del húngaro Elot Tóázó, los dos sobrevivientes de la intervención policial al hotel Las Américas en abril de 2009 y actualmente recluidos en el penal de San Pedro de La Paz, manifestó ayer que está previsto que este año la CIDH de la OEA considere las demandas de Tadic y Tóázó presentadas por tortura contra el Estado de Bolivia.
Informó que a estas dos peticiones presentadas en septiembre de 2009, a fines de ese año se sumaron las presentadas por Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder –también por tortura y por estar detenidos por más de 100 días– y la del exdirigente unionista ahora refugiado en Brasil David Sejas.
El abogado defensor informó que todas esas peticiones están en estudio en la comisión y según la información que tiene, este año considerará el caso y decidiría su admisión o no. “Son trámites bastante largos, duran entre dos o tres años, y una vez admitida por la comisión la demanda, ésta va ser remitida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que va ser en sí la que abrirá el juicio internacional contra el Estado de Bolivia”, explicó.
Prado informó que constantemente se están haciendo llegar a la comisión informes y documentos sobre los nuevos hechos que están presentado en el caso a fin de que cuando sea revisado el caso tengan suficientes elementos para admitir la petición de juicio, para probar la necesidad de que la petición sea admitida, pese a que no se ha agotado el procedimiento interno, debido a que en Bolivia no existen organismos independientes y un Estado de derecho.
Dijo que entre las pruebas presentadas se encuentran los manuscritos elaborados por Tóázó y Tadic relatando los hechos, lo que pasó en el operativo del hotel Las Américas, una memoria jurídica con todos las actuados en la investigación, los certificados forenses, informes de la Defensoría del Pueblo y los videos que se difundieron el pasado año sobre la participación de la unidad especial de la Policía (Utarc) y lo mismo se hará con lo último: los videos y captura de Ignacio Villa Vargas.
Anotó que las declaraciones que vaya o no a hacer Villa Vargas para el caso no tienen validez alguna, incluso la primera que hizo al inicio de la investigación del caso, debido a que es una persona poco creíble y desacreditada que dice mucha cosas y del cual se dice que fue un informante, un hecho totalmente irregular e ilegal debido a que la legislación boliviana no reconoce esta figura.
Por otra parte, un acusado no puede recibir dinero a cambio de su colaboración en un caso, es otra irregularidad que descalifica a “El Viejo”.
Agregó que también se está demostrando que el juicio contra los acusados dentro el caso no avanza: hasta el momento no se señaló fecha para el inicio del juicio oral ni para resolver los incidentes presentados.
Dijo que la CIDH, a diferencia de otras instancias internacionales, puede sancionar al Estado Boliviano y anular el juicio.
“Ejecución extrajudicial”
La familia de Michael Martin Dwyer, el irlandés muerto a tiros en el operativo del hotel Las Américas, envió un reporte de 28 páginas a un relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para mostrar evidencias de que el extranjero no habría muerto en un enfrentamiento armado con la Policía boliviana.
Las páginas son evidencias en video y de testigos más un reporte de balística que contradicen la versión de la Policía boliviana de que hubo un tiroteo en el hotel, por lo que la familia pide una “investigación internacional imparcial” sobre los hechos del 16 de abril de 2009.
En la misma línea, el Comité Pro Santa Cruz desafió al Gobierno a pedir una investigación internacional con participación de Naciones Unidas si de verdad le interesa esclarecer el caso Rózsa, pues de lo contrario, advirtió el presidente cívico, Luis Núñez, se confirma el complot criminal contra los cruceños.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, dijo que las autoridades nacionales tienen todas las pruebas para demostrar que hubo un grupo separatista.
GUARDÓ SILENCIO
Ignacio Villa Vargas se acogió la madrugada de ayer a su derecho constitucional al silencio, por lo que dejó en ascuas cualquier explicación en relación a su reaparición, el video-soborno o los cabos que todavía no terminan de atarse en el caso Rózsa.
Villa Vargas hizo escuetas declaraciones ante los jueces, en las que expresó su disposición a colaborar con las investigaciones.
Desde las 16:05 hasta las 18:45, Ignacio Villa Vargas compareció ante dos jueces, que le dieron la misma sentencia (prisión preventiva) pero con diferentes destinos.
Una abogada de defensa pública le asistió, se informó de que el abogado designado a Villa pidió su sustitución. Nadie quiere hacerse cargo del caso.
El fiscal Marcelo Soza, que reapareció ayer, reveló que “El Viejo” planificó la destrucción del emblemático monumento del Cristo Redentor en Santa Cruz.
Los Tiempos
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