El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia fijó tres años de cárcel el penal de San Pedro a los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada Erick Reyes Villa y Adalberto Cuaja por las luctuosas jornadas de septiembre y octubre negro.
El Tribunal compuesto por ministro y cuatro conjueces de la Suprema Corte, presidido por el magistrado Ángel Irusta Pérez, condenaron a 15 años y seis meses a Roberto Claros Flores, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y al excomandante General del Ejército, Juan Véliz Herrera, durante el gobierno de Sánchez de Lozada.
También se determinó sentenciar con 11 años de presión al general Osvaldo Quiroga y al almirante Luis Aranda Granados y a diez años de cárcel al general Gonzalo Rocabado.
"La sentencia es clara y se debe cumplir en la cárcel de San Pedro", dijo el fiscal General del Estado, Mario Uribe, al finalizar la audiencia judicial en la capital del país, tras ocho años que duró el proceso y que no logró enjuiciar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex ministro Carlos Sánchez Berzaín.
Los familiares de las víctimas que instalaron una vigilia en puertas de la Corte Suprema la sentencia expresaron su satisfacción por la condena que recibieron los altos jefes militares ex colaboradores de Sánchez de Lozada.// El Día
Octubre Negro: Dos exministros y cinco militares sentenciados
El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó ayer a penas de entre tres y 15 años de cárcel a dos ministros y cinco jefes militares del segundo mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por los sucesos luctuosos de octubre de 2003, acusados del delito de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta.
El presidente de tribunal que juzgó el caso, Ángel Irusta, leyó ayer las condenas, tras seis días de debate en el que los miembros del Tribunal definieron las penas contra los acusados del caso conocido como "octubre negro".
El fallo judicial por la muerte de 65 personas durante los hechos violentos de 2003 no contentó a ninguna de las partes, aunque los familiares de las víctimas –que se encontraban en las afueras del tribunal de justicia– celebraron que finalmente, luego de más de dos años de juicio, se dictara la condena.
Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión, acusados de complicidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.
Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito "de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".
El tribunal determinó que todos cumplan su condena en el penal de Sucre, adonde fueron conducidos ayer tras la lectura de las sentencia.
Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, quien huyó del país a Estados Unidos tras ser depuesto por la revuelta popular que se oponía a la exportación de gas natural por Chile, no fue incluido en esta fase procesal de sentencias, pues se halla en trámite el pedido de extradición desde noviembre de 2008.
El juicio también quedó en suspenso para los otros ocho exministros de Sánchez de Lozada que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España, hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
El fiscal general, Mario Uribe, expresó su satisfacción por el fallo porque consideró que "se ha hecho justicia con las 65 personas fallecidas y los más de 450 heridos", aunque el Ministerio Público, así como la acusación particular, pidieron una condena de 25 años de cárcel para los siete procesados, apelando al concurso de varios delitos.
El Tribunal condenó a prisión a los siete acusados únicamente por el delito de genocidio.
"Es importante la sentencia para el Ministerio Público porque permite seguir trabajando para que el resto de los acusados se hagan presentes ante la justicia boliviana y sean procesados en juicio oral para la imposición de la pena respectiva", agregó.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, que llegó a Sucre para presenciar la lectura de sentencia, destacó la conclusión del juicio y agregó que será importante "insistir en cuanto a la próxima etapa para que haya reparación para las víctimas de estos hechos trágicos".
Racicot dijo que este juicio no es el más largo en la historia judicial de Bolivia (después de ocho años), pero considera que en el nivel técnico ha exigido más evidencias documentales.
Lectura del fallo
La sentencia adoptada por unanimidad y en única instancia, en su parte resolutiva, fue leída por el presidente del Tribunal de Juicio, Ángel Irusta, cerca de las 13:20, ante la mirada atenta de acusados que, luego de escuchar sus condenas, lo único que hicieron fue agachar la cabeza o seguir mirando atónitos a los miembros del Tribunal; en cambio, entre las víctimas hubo rostros de alegría, quienes afuera del edificio celebraron con petardos y canciones la sentencia.
Antes de que se dictara la sentencia, los acusados ingresaron solos o con sus familias, a la capilla de la Corte Suprema de Justicia, para sentarse unos minutos a rezar.
El presidente del Tribunal de Juicio, Ángel Irusta, comenzó la lectura de la sentencia rechazando previamente los memoriales —presentados anteriormente por los acusados— de extinción de la acción penal por prescripción de los delitos.
La condena para Roberto Claros comenzó a computarse desde ayer, 30 de agosto de 2011, y se cumple el 2 de marzo de 2027.
En cambio, la condena de Juan Veliz se computa desde el 2 de marzo de este año, que se encuentra detenido de forma preventiva en San Roque.
José Oswaldo Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, deberán cumplir la pena de 11 años hasta el 30 de agosto de 2022. Gonzalo Rocabado Mercado, que ocupó el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas por sólo cinco días, cumplirá condena hasta agosto de 2021 (10 años).
En cambio, los exministros Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, sentenciados a tres años de cárcel por complicidad del delito de genocidio, tienen la posibilidad de acceder a su libertad, una vez que tramiten el perdón judicial.
Los siete deberán cumplir su condena en el penal de San Roque de Sucre, y no así como lo pidió la Fiscalía y la acusación particular, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.
Concluida la audiencia, cerca de las 14:00, los siete acusados fueron conducidos en dos vehículos de la Policía con destino a San Roque. Ninguno quiso hablar con los medios de comunicación y salieron en silencio por la puerta trasera de la Corte Suprema de Justicia, hacia los vehículos que los esperaban. Pero sí hablaron al ingresar a la cárcel.
El presidente del Tribunal, Ángel Irusta, convocó a una última audiencia para la lectura íntegra de la sentencia el viernes 2 de septiembre, a partir de las 14:30.
El Auto Supremo de la sentencia fue firmado por los ministros Ángel Irusta (presidente) y Hugo Suárez Calbimonte, además de los conjueces Elizabeth Maldonado Loayza, Daysi Careaga Alurralde, Eduardo Arteaga Ribera y Freddy Lupa Totola.
Pidieron más años de cárcel
• La Fiscalía y la acusación pidieron 25 años de prisión con el argumento de que cometieron varios delitos, pero el Tribunal condenó a los acusados por el delito de genocidio.
Ingresan al penal de San Roque
De los siete sentenciados trasladados ayer a la cárcel de San Roque, cuatro durmieron en una celda en el segundo patio del pabellón abierto de varones. Dos se acomodaron en el comedor.
Tras la lectura de la sentencia, los cinco exjefes militares y los dos exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, fueron retirados por la puerta trasera del Tribunal por el Grupo Delta de la Policía y trasladados en dos vehículos policiales hasta el penal.
La comitiva llegó a la cárcel a las 13:57. Los primeros en descender de los vehículos e ingresar fueron los exjefes militares, y luego lo hicieron Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara; este último se dio tiempo para señalar en las gradas de ingreso al penal que “cada sentencia debe tener su responsabilidad”.
Los nuevos internos debieron someterse a revisión médica de rigor y llenar los documentos de reclusión. Quedó exento del trámite Juan Véliz Herrera, que ya estaba detenido en el penal.
El médico del penal, Armando Copa, tras la revisión, sostuvo que los seis internos estaban estables y con los signos vitales normales. “Es un momento muy difícil y especial. El estado de salud de los nuevos internos está equilibrado, sin ninguna patología, pero (por) el estado de ánimo, están deprimidos”, manifestó.
Fiscalía evaluará el fallo
El fallo fue recibido con satisfacción por la Fiscalía y las víctimas que advirtieron que se hizo justicia. Ahora, el Ministerio Público espera la lectura íntegra del fallo.
El fiscal General, Mario Uribe, expresó su satisfacción con la sentencia porque, en su opinión, se hizo justicia con los muertos y heridos de septiembre y octubre de 2003. Anunció que el Ministerio Público, después de la lectura íntegra de la sentencia, prevista para este viernes, presentará el detalle de costas procesales en base a la evaluación de los daños y perjuicios ocasionados.
Volvió a anticipar, como lo hizo durante el proceso, que seguirán buscando que el resto de los acusados en rebeldía sean juzgados.
El ex fiscal de Recursos Milton Mendoza, ahora candidato a magistrado, también se presentó y dijo que esta sentencia es un mensaje para todos los gobiernos que “mal utilicen a las Fuerzas Armadas para la represión de la protesta social”.
En La Paz, el grupo de familiares de las víctimas que se declararon en vigilia y dirigentes de algunas organizaciones sindicales, criticaron la condena por ser “benévola” sobre todo para los dos exministros, quienes podrán acogerse al perdón judicial y no cumplir la pena de tres años en la cárcel.
DOS AÑOS DE JUICIO
• Hechos de 2003. La protesta social estalló contra la supuesta exportación de gas boliviano por puerto chileno. El 20 de septiembre se registró el primer enfrentamiento entre campesinos y militares. Seis personas murieron y 15 resultaron heridas en Warisata, a 70 kilómetros de La Paz.
• 2 de octubre. Hubo campesinos detenidos. De ahí en adelante se registraron más decesos y heridos. El 12 de octubre fue la jornada más sangrienta donde más de 20 personas murieron en El Alto. El vicepresidente Carlos Mesa rompió con el entonces mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Sectores en conflicto lo apoyaron para que tome el mando de la nación. El 13 de octubre cerró con 14 muertos y casi 100 heridos. El Alto se mantenía militarizado y en paro general.
• En otras regiones, como San Julián, se registraron muertos. Sánchez de Lozada propuso que un referéndum defina la política de exportación del gas. El 17 de octubre renunció a la Presidencia de la República y el Congreso Nacional eligió a Carlos Mesa como el nuevo mandatario.
• A finales de octubre de 2003 se abrió la investigación. Se acusó por delitos de genocidio en su forma de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravísimas, lesión seguida de muerte, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilios, resoluciones contrarias a la Constitución.
• El 14 de octubre de 2004. El Congreso Nacional autorizó el juicio de responsabilidades. De los 130 diputados y 27 senadores, aprobaron que la Corte Suprema instaure el juicio 126, 21 más que los dos tercios necesarios. En contra votaron 13 legisladores del partido de Sánchez de Lozada, y uno lo hizo en blanco. Se inició la acumulación de diferentes procesos que se habían presentado, y se tomó declaraciones informativas de todos los presuntos involucrados y de los testigos.
• Además, se autorizó incluir en el juicio “por violaciones a derechos y garantías” constitucionales a los 15 ministros del gabinete de Sánchez de Lozada.
• Con la aprobación del juicio, Gonzalo Sánchez de Lozada se convirtió en el tercer alto funcionario en llegar a esa instancia en el último cuarto de siglo. El primer caso fue el del exgobernante de facto Luis García Meza y el segundo el expresidente de laCorte Suprema Édgar Oblitas.
Sentenciados por los sucesos violentos de octubre de 2003
Roberto Claros Flores
Ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
Condena: 15 años y seis meses, por ser autor mediato de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta
A dos días de asumir la Presidencia, Sánchez de Lozada, el 8 de agosto de 2002, nombró a los nuevos miembros del Alto Mando Militar. Claros Flores fue nombrado Comandante en Jefe de las FFAA, en reemplazo de Alvin Anaya, quien pasó al servicio pasivo.
Como General de la Fuerza Aérea Boliviana, asumió el cargo en cumplimiento a la rotación en el Comando en Jefe que estaba en poder de un oficial del Ejército.
Alegó que durante la crisis de 2003 “no fue parte de la organización que tomó las decisiones” tácticas.
Gonzalo Rocabado
Ex comandante en Jefe accidental y exjefe del Estado Mayor
Condena: 10 años de prisión, por ser autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta
Rocabado Mercado, que fue posesionado como comandante interino en Jefe de las Fuerzas Armadas el 8 de agosto de 2002, durante el juicio alegó como descargo, que durante el operativo “Rescate Humanitario” de Warisata hubo disparos de armas de fuego cruzados entre manifestantes y fuerzas legales, por lo que la Policía se replegó.
Recordó que el operativo fue por orden del Presidente en aplicación del Plan República y no de la Directiva 27/03 emitida por él, la cual, finalmente, no se ejecutó.
Juan Véliz Herrera
Ex comandante del Ejército
Condena: 15 años y seis meses de prisión, por ser autor mediato de genocidio modalidad de masacre sangrienta
El 8 de agosto de 2002, como parte de la renovación en altos mandos, fue posesionado por Sánchez de Lozada como comandante general del Ejército.
Detenido preventivamente en San Roque de Sucre, desde el 2 de marzo de 2011, acusado de obstaculizar las investigaciones.
Según la Fiscalía, Véliz ordenó la participación de las FFAA en Achacachi en octubre de 2003.
Ayer, Véliz pidió justicia para los soldados y oficiales caídos en octubre de 2003 y sostuvo que los verdaderos responsables de esos hechos no fueron juzgados y gozan de libertad.
Luis Alberto Aranda
Ex comandante de la Armada
Condena: 11 años de prisión, por ser autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta.
Asumió el mando de la Fuerza Naval el 8 de agosto de 2002, posesionado por Sánchez de Lozada, en reemplazo de Jorge Badani.
En 2003 fue designado Comandante en Jefe de las FFAA.
En el juicio, dijo que, bajo su mando, la tropa no provocó herido entre las miles de personas que manifestaban en La Paz y El Alto, y menos algún muerto.
“Las Fuerzas Armadas somos inocentes de toda acusación, no somos criminales, no somos asesinos, no somos organizaciones tipo mafia siciliana, no somos como se nos dijo psicópatas, somos el pueblo con armas”, dijo.
Ex comandante de la Fuerza Aérea
Condena: 11 años de prisión, por ser autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta
Quiroga Mendoza fue posesionado como comandante general de la Fuerza Área el 8 de agosto de 2002 por el nuevo presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en reemplazo de Herland Camacho.
Quiroga Mendoza durante el juicio, expuso que en su condición de jefe militar se limitó a seguir órdenes e instructivas emanadas del Comando en Jefe, pues dijo que de acuerdo a reglamento, no estaba en condiciones de indagar o cuestionar ninguna de esas instructivas.
El exjefe militar dijo que, siendo parte del Alto Mando, tuvo dos reuniones con Sánchez de Lozada en los días de crisis.
Adalberto Kuajara
Exministro de trabajo
Condena: tres años de prisión, por complicidad en el delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta.
Nació en Santa Cruz, estudió Derecho y Economía Política en Bolivia y Suecia. Tiene una larga trayectoria política. Fue diputado en 1978, ministro de Trabajo en 1984, viceministro de Planificación y senador por el departamento de La Paz. Fundó el PDC y el MIR. En septiembre de 2003, fungía como senador, pero tras el ingreso de Nueva Fuerza Republicana (NFR) al Gobierno, ocupó el Ministerio de Trabajo.
En el juicio, Kuajara aseguró que nunca mantuvo una reunión privada con Sánchez de Lozada. Dijo que las veces que estuvo en su presencia fue cuando se convocaba a reuniones de gabinete.
Exministro de Desarrollo Sostenible
Condena: tres años de prisión, por complicidad en el delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta
Nació en La Paz, en 1953. Fue también ministro entre 1997 y 1999, durante la administración de Hugo Banzer, cuando NFR era su aliada. Su actividad pública data de 1988. Es hermano mayor del exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa. En septiembre de 2003, asumió el Ministerio de Desarrollo Sostenible tras la alianza de NFR con Gonzalo Sánchez de Lozada.
No se alejó del país y dijo que asumiría su defensa demostrando su inocencia en el juicio de responsabilidades por los hechos ocurridos durante la “guerra del gas”.// Los Tiempos
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