Los indígenas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), la oposición y analistas criticaron la actitud y argumentos jurídicos del Gobierno de Evo Morales, que denunció a los dirigentes que presiden la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) con un extracto de llamadas, mientras que la Embajada de EEUU en Bolivia negó que apoye la movilización, que ayer cumplió ocho días.
Pese a los ataques, los más de 1.400 marchistas reanudaron ayer –a las 6:00 de la mañana– la caminata desde San Ignacio de Moxos y llegaron hasta Puerto San Borja, donde acamparon.
Los indígenas también temen que el Ejecutivo los esté espiando con escuchas de sus conversaciones telefónicas y analizan emitir un pronunciamiento público rechazando las acusaciones de Morales quien, durante una entrevista con los medios estatales, dijo el domingo que tres dirigentes conversaron recientemente con el asesor de la Embajada en asuntos indígenas, Eliseo Abelo.
“Se ha cumplido con las normas legales. Jamás vamos a actuar ilegalmente. Hay leyes y a veces hay que apelar a fiscales y tener esta información (…). No es espionaje y seguro la prensa de la derecha va a posesionar que es espionaje”, indicó anoche en Cochabamba el Primer Mandatario ante las críticas.
En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos explicó en un comunicado que, como cualquier otra misión diplomática en Bolivia y en el mundo, “mantiene diálogo con los diversos sectores de la sociedad boliviana. Este diálogo es el trabajo cotidiano de la diplomacia; y es usual y apropiado”. Además negó que haya otorgado ningún tipo de apoyo a la marcha indígena.
“Compartimos la visión de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Gobierno boliviano que el tema del Tipnis debe ser solucionado mediante el diálogo y consultas según establecen las leyes bolivianas y los estándares internacionales”, indicó.
El Gobierno, en tanto, insistió con su denuncia y el ministro Carlos Romero –que reemplaza al canciller David Choquehuanca–, anunció anoche que la Cancillería cursó una convocatoria al encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, John Creamer, para que explique su supuesta relación con la marcha indígena. La reunión está prevista para hoy por la tarde.
Romero y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, volvieron también a criticar el pliego de demandas de los indígenas indicando que recién las conocieron este fin de semana. Sin embargo, durante la última asamblea nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) en julio, los dirigentes plantearon que su principal demanda era que la carretera a Beni no pase por el Tipnis, pero adjuntaban otros requerimientos de los pueblos que participarían en la movilización.
Ilegalidad
Aunque Llorenti dijo ayer que el Gobierno no cometió ninguna ilegalidad al solicitar, vía requerimiento fiscal, el extracto de llamadas de los dirigentes indígenas, Rafael Quispe, del Conamaq, el diputado Pedro Nuni y Roxana Marupa, esposa del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, abogados constitucionalistas y penales, cuestionaron la actitud y procedimientos.
El fiscal que hizo el pedido fue Félix Peralta quien actualmente sigue el caso contra el Movimiento Sin Miedo (MSM) por la campaña por el voto “No”.
El abogado constitucionalista José Antonio Rivera indicó que el Gobierno contraviene la Constitución, los principios universales de respecto y resguardo de los derechos fundamentales.
Recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) admite en su artículo 25 la restricción del derecho a las comunicaciones privadas vía correspondencia, pero sólo mediante orden judicial, como excepción a la regla de la inviolabilidad.
El mismo artículo, parágrafo 3, establece que “ninguna autoridad pública ni persona particular u organismo podrá interceptar conversaciones telefónicas a través de la instalación de sistemas de intercepción”, sin excepciones.
El abogado penalista Arturo Yañez señaló que la solicitud de extractos de llamadas debe ser hecha en el marco de un proceso penal y por un juez.
Otro especialista en derecho penal, que prefirió no dar su nombre, dijo que es posible que un fiscal pida el extracto a una empresa telefónica, pero no es lo correcto ni lo más común porque esa prueba no tiene valor legal y debería ser pedida por un juez, cuando hay un proceso, una denuncia formal y, sobre todo, un delito, lo que en el caso de la marcha indígena no existe.
Agregó que, en este caso, el Gobierno se aprovechó de su influencia en el Órgano Judicial.
Respuesta
J La Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado en el que afirma que mantiene comunicación con diversos sectores sociales como cualquier misión diplomática. Negó que apoye la marcha.
Dirigentes molestos
El dirigente del Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq), Rafael Quispe, uno de los acusados por el Gobierno, negó las denuncias y anunció un proceso legal contra el Ejecutivo.
El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, cuya esposa fue involucrada por el Ejecutivo en las llamadas, pidió al presidente Evo Morales no meterse con su familia y dijo que “su acción de amedrentarme no va a funcionar”.
Recordó que en 2007 fue él quien denunció un complot político de la embajada de EEUU contra la Asamblea Constituyente.
El diputado oficialista Pedro Nuni explicó, según un reporte de Valle Press, que las versiones del Presidente son muestra de que no tiene voluntad para el diálogo y que no caerá en “bajezas”.
FISCAL GENERAL
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, dijo anoche en declaraciones a Cadena A que el procedimiento del Gobierno, al pedir a un fiscal pedir el registro de llamadas, es legal y citó el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, durante una conferencia de prensa por la mañana, Llorenti no citó ese artículo y dijo que se apoyaron en el artículo 306 del código y los artículos 44 y 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que sólo indican las atribuciones de los fiscales.
Derechos humanos
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Yolanda Herrera, dijo que intervenir llamadas en el país es atentar contra los derechos de los ciudadanos. Recordó que las personas tienen el derecho a la privacidad y la intimidad en sus comunicaciones.
Dijo que esta situación perjudicará al diálogo que el Gobierno busca con los representantes de los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.
OPOSICIÓN
Asambleístas de la oposición calificaron como “espionaje” los extractos telefónicos que fueron divulgados por el Gobierno.
El diputado Fabián Yaksic (MSM) mencionó que es “peligroso” que el país esté ingresando a un escenario de “desconfianzas”.
El diputado Andrés Ortega (CN) mencionó que los extractos telefónicos están vinculados al “terror” que quiere provocar el Gobierno.
Por su lado, la diputada Elizabeth Reyes (UN) dijo que el Gobierno vulnera la Constitución.
OFICIALISTAS
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Edwin Tupa, anunció que en los próximos días convocará al diputado Pedro Nuni (MAS) para conocer sus versiones de los supuestos contactos telefónicos que tuvo con la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.
“Nosotros, en lo personal, como bancada nacional, vamos a reunirnos con el colega Pedro Nuni, nos vamos a sentar, vamos a dialogar de acuerdo a las llamadas telefónicas que ha recibido, tenemos los extractos”, indicó el legislador.
Tupa dijo que Nuni fue designado diputado “gracias a la sigla del MAS” y por ello debe explicar si tuvo comunicación con funcionarios de la Embajada norteamericana.// Los Tiempos
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