Las comunidades afiliadas al Conisur, que demandan la construcción de una carretera por el corazón del TIPNIS, no son las propietarias del Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure, sino únicamente las 65 comunidades que forman la TCO TIPNIS.
El título ejecutorial TCO-NAL 000229 entregado por el presidente Evo Morales establece que ese territorio indígena y parque nacional tiene una extensión de 1.091.656 hectáreas y se define una línea roja para el Polígono 7. Desde esa línea roja (ver infografía) hacia abajo es territorio colonizado donde está el Conisur que marchó pidiendo carretera por el corazón del TIPNIS.
En el TIPNIS se hizo dos formas de saneamiento: el de propiedad individual para las familias colonizadoras que viven en el Polígono 7 y el de propiedad colectiva para los indígenas.
Los originarios que viven en el territorio indígena se dedican a la recolección de frutos de los árboles, la caza, la pesca y en poca medida a la agricultura, mientras que las comunidades del Conisur a la producción de fruta, yuca, arroz y coca, según evidenció Página Siete el año pasado.
El vicepresidente Álvaro García Linera, el pasado 2 de febrero, afirmó que con la marcha del Conisur llegaron presuntamente 17 corregidores de las 65 comunidades del TIPNIS. Los demás representantes, según verificó Página Siete mediante una lista de corregidores que se reunieron con el presidente Evo Morales en Palacio Quemado, pertenecen a comunidades del Conisur, del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y de San Ignacio de Moxos que no viven en el TIPNIS.
No obstante fue este movimiento, considerado por el Gobierno como la verdadera representanción del territorio indígena Isiboro Sécure, que demanda la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el corazón del parque, como pretendía el Gobierno antes de la aprobación de la ley corta que protege el TIPNIS.
Para el ex prefecto del MAS en Cochabamba Rafael Puente las comunidades que forman el Conisur , que sin dejar de ser en ningún momento “sujeto de derechos”, “no es propiamente una TCO, no tienen propiedad comunitaria, sino individual de la tierra” y viven en el Polígono 7.
“¿Y ahora la tal consulta, motivada por su marcha, las va a comprender también a ellas?”, se pregunta Puente en una columna de opinión que es publicada hoy en la edición de Página Siete.
Para el ex viceministro y ex constituyente del MAS Raúl Prada la marcha del Conisur se trató de una estrategia gubernamental. “Creyendo poder desinformar a la opinión pública y haciendo creer que los del Conisur son parte de la TCO del TIPNIS”. Además que el Gobierno busca que “gente ajena al TIPNIS decida el destino de los que habitan la TCO del territorio indígena”.
La marcha de indígenas de tierras bajas y altas, que se realizó entre Trinidad y La Paz en 2011, arrancó del presidente Morales la Ley 180 o ley corta después de una larga presión marcada por un amplio respaldo ciudadano.
Tres meses después de la firma del acuerdo entre el Gobierno y los marchistas que defendieron el TIPNIS, el MAS cambió de posición y ahora promueve una consulta “previa” escuchando la demanda de la marcha del Conisur, que inicialmente planteó la anulación de la ley corta y después de una reunión con la bancada masista decidió cambiar de posición y pidió consulta.
Conforme a ese mandato, la Asamblea Legislativa aceleró la aprobación de la Ley de Consulta Previa tanto en la Cámara de Senadores y como en la de Diputados, y en las próximas horas se prevé que la norma será promulgada.
“Las consultas perjudican”
Éstas son declaraciones que hizo el presidente Evo Morales el 20 de octubre de 2011. “A veces por cuestiones de consulta o licencia ambiental, consultas, perdemos tiempo y tiempo y tiempo ('). Pero también algunos hermanos so pretexto de consulta previa, alguna licencia, sólo nos quieren sacar plata. Aquí mucho dependerá también de los movimientos sociales y sus autoridades municipales, sus autoridades departamentales cómo acelerar la exploración la perforación y la explotación de petróleo en el departamento de La Paz”, indicó en esa oportunidad haciendo alusión a la octava marcha indígena que rechazó la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, por el corazón del TIPNIS.
Asimismo dijo: “Nos piden que la consulta tenga carácter vinculante, (eso) es imposible, eso no se puede negociar, las consultas previas, las consultas siempre están garantizadas por la Constitución y por las normas internacionales, siempre vamos a respetar (la consulta), pero que un grupo de familias nos diga que no se haga (eso) significa paralizar todas nuestras obras en el sector eléctrico, en el sector hidrocarburífero, nuestras industrias”.// Página Siete
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