Los libros plagiados son ‘made in Bolivia’

¿Por cuánto puede copiar este libro? La pregunta es para el dueño de una imprenta de la zona del Cementerio, en La Paz. El hombre mira el libro y dice que lo ve grueso, “hay que usar una broca especial”. Después, repasa las casi mil hojas de Ulises, de James Joyce, y sentencia: “Te lo puedo hacer como para que vendas a 60 bolivianos”. La oferta se realiza sobre 1.000 o 2.000 ejemplares. El mismo texto, en el mercado legal, cuesta el doble y hasta el triple. 

La piratería tiene la batalla casi ganada a la industria literaria del país debido, principalmente, al precio y al escaso control de las autoridades para frenar este ilícito, de acuerdo con Ana Patricia Navarro, gerente de la Cámara Departamental del Libro de La Paz. Inclusive, la proliferación de este mercado negro causó en los últimos años el cierre de, al menos, siete librerías en el territorio nacional. Un peligro que sigue latente para los actores del rubro. 

Mayoristas. Informe La Razón contactó a un comerciante con años de experiencia en esta práctica ilegal, a cambio de salvaguardar su identidad. Él cuenta que la raíz del negocio está en Perú, desde donde venía la mayor parte de las obras piratas que se vendían en Bolivia hasta hace un lustro. El punto principal de acopio se hallaba cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de la ciudad costera de Lima.

Desde territorio boliviano se hacían los contactos y los pedidos a los comerciantes peruanos que tenían sus imprentas frente a la casa de estudios. Un comprador solicitaba qué tipo de obra era la requerida y se le hacía el envío. Por aquellos años, recuerda la fuente, dos de los títulos preferidos eran Caballo de Troya, del escritor Juan José Benítez, y El Mundo de Sofía, del no- ruego Jostein Gaarder. Se pedían miles de ejemplares “truchos” para su distribución en el ámbito local.

Pero con el tiempo, según este vendedor pirata, el ilícito cruzó la frontera y se incrustó, sobre todo, en imprentas clandestinas de la ciudad de El Alto y en las de barrios alejados de la urbe de La Paz, sin contar las involucradas en otras regiones del país. Los mayoristas son los encargados de tantear las preferencias en el mercado y de recabar la solicitud de sus clientes (particulares o comerciantes minoristas), a quienes dejan los libros en consignación o por el pago en efectivo. Lo hacen con confianza, sin necesidad de volver a pensar en Perú: aquí los costos se han vuelto más económicos y las imprentas entregan trabajos de buena calidad.

Los falsificadores emplean dos tácticas. La primera recurre a plagiar una obra original o similar, que consiguen incluso antes de su llegada a Bolivia a través de contactos en el extranjero. La otra implica “bajar” el texto original de la red de internet, en el formato PDF (Portable Document Format o Formato de Documento Portátil). Luego, imprentas propias o ajenas se encargan del siguiente paso y la base de pedidos gira en torno a 5.000 copias.

El producto es acomodado entre los vendedores que, según fuentes entrevistadas y de la Intendencia, proliferan en los alrededores de la Pérez Velasco, el pasaje Marina Núñez del Prado, El Prado, la calle Comercio y las vías públicas circundantes al monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés, entre las principales zonas de La Paz; mientras en El Alto sobresalen los puestos de la feria 16 de Julio y la Ceja.

El costo de la impresión, según el pirata entrevistado, permite recuperar el doble de lo invertido. O sea, un libro “trucho” ofertado en 30 bolivianos tiene un valor de 15 bolivianos al salir de la imprenta. Que la mercancía suba en su cotización depende de la calidad de las tapas, el empastado o que el documento lleve páginas o gráficos a colores. Por ello, hay ejemplares que llegan a ofertarse hasta en 60 bolivianos.

Coletazos. Navarro informa que la Cámara Departamental del Libro organizó los últimos intentos por frenar este mercado ilegal entre 2005 y 2006. “Fue un operativo conjunto, trabajamos con la Alcaldía y la Policía. Realizamos incautaciones de libros, destruimos copias piratas de editoriales bolivianas que se vendían en las calles”.

Sin embargo, desde entonces, las batidas han desaparecido, porque “eran bastante costosas” para esta institución.

Casi resignada, añade que “aunque se incaute, igual nomás sale el material pirata porque se ha convertido en un producto de libre circulación en la ciudad”. Para ello también hay otra culpable: la “cultura de la fotocopia” que impera, llamativamente, en las cercanías de las universidades, sean públicas o privadas. Por ejemplo, alrededor del monoblock de la UMSA existe una treintena de locales que expone las tapas fotocopiadas de textos académicos, plagio que cuenta con el aval de los catedráticos.

La proliferación de estas irregularidades ocasionó una hecatombe para las distribuidoras legales, según datos de la Cámara del Libro. Ahí están los cierres de la librería La Paz y de la Editorial América en la urbe paceña. El fenómeno se repitió en Santa Cruz; a comienzos del año pasado, la librería Cunumi Letrao dejó de comercializar sus obras en su local cercano a Los Arenales y en sus dos sucursales. Las malas noticias no terminaron allí porque, en diciembre, la librería Lectura también dejó de funcionar en esa ciudad.

Antes, en la capital oriental también se declararon en quiebra las librerías Vida Nueva, Siglo XXI, ABC y Yachaywasi. Así, señala la Cámara, una región con dos millones de habitantes sólo cuenta con siete negocios legales para dotar de productos a los amantes de la lectura. Otro punto es que los márgenes de ganancia de estas firmas disminuyeron ante la piratería. Y para sobrevivir, algunas editoriales optaron por publicar libros de bolsillo a menor precio.

Pero, ¿y quién puede salvar este naufragio? Para que la Ley 1322, de Derechos de Autor, proteja los intereses de los escritores nacionales, éstos deben inscribir sus creaciones en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). El director de la unidad de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Juan Pablo Villegas, explica que esta dependencia estatal no puede incautar material ilegal y tampoco luchar en las calles contra este flagelo. “No somos ni la Fiscalía ni la Policía”, repite la autoridad en cuatro oportunidades durante una entrevista con este medio, el mes pasado.

Cuando algún autor descubre que su obra ha sido plagiada, puede acudir al Senapi para hacer la denuncia. La entidad registra la protesta y busca la conciliación entre éste y la parte demandada. Cuando no logra su cometido, explica Villegas, el afectado puede derivar su queja al Ministerio Público y recién se recurre a la Ley de Derechos de Autor. El acusado puede ser castigado con pena privativa de libertad de entre dos meses y tres años.

Al respecto, existe un pésimo antecedente judicial en el tema. “Me acuerdo de un caso que no llegó al Senapi. Se refería a un señor que hizo una compilación. Se trataba de un libro comentado de la Constitución Política del Estado que antes de salir al comercio ya estaba vendiéndose en el mercado paceño”. El perjudicado inició un juicio penal contra el encargado de una imprenta, pero se llevó una gran sorpresa: el juez le dijo que antes de su derecho de autoría estaba el derecho al trabajo de los dueños de imprentas, y la demanda fue una pérdida de tiempo para el involucrado.

“En la Fiscalía existe una falta de conocimiento sobre este tema. Las autoridades no saben cómo actuar en estos casos”, opina Villegas, ya que simplemente basta invocar y aplicar el artículo 362 del Código Penal que se refiere a los delitos contra la propiedad intelectual.

El matemático Víctor Chungara es uno de los autores más plagiados. “Ya no sé qué hacer. Con decirle que un libro mío lo han pirateado en Colombia y le han puesto un sello como si hubiera sido hecho en Perú”, cuenta. El reconocido profesor ha puesto 15 textos en el mercado legal, de los cuales se han falsificado al menos 12, por ello sus ganancias han quedado reducidas al 10%. Con un humor matemático, comenta que “las cifras no cuadran” en su historia.

Piratería en BoliviaEl decomiso de ejemplares “truchos” es una tarea titánica. “Hace tiempo hemos decomisado libros y nos han acusado de robo; por eso he sugerido a la Cámara Boliviana del Libro que en las intervenciones se destruyan los textos”, alega. Para colmo de males, la Intendencia de La Paz no puede “allanar” las imprentas clandestinas involucradas en este delito sin una orden fiscal, por lo cual se halla atada de manos.

El intendente Mauricio Ruiz dice que su repartición municipal solamente actúa ante la denuncia de un autor o una editorial nacional afectada. Es decir, no interviene de oficio. Indica que las entidades estatales deben coordinar acciones con su dependencia para asestar duros golpes al mundo de los piratas.

Una de las pocas experiencias positivas recientes, sino la única, favoreció a los administradores de la librería Academia, quienes junto a la Policía decomisaron 300 textos “truchos” en las ciudades de La Paz y El Alto. Los lugares intervenidos fueron el pasaje Ortega y la feria 16 de Julio. El hecho ocurrió el 24 de febrero de este año.

Ruiz afirma que el mayor gancho para el éxito de los libros piratas es el precio. Los administradores de la librería Academia estiman que sus productos falsificados se venden a la mitad del costo. Incluso hay casos en que el libro original vale hasta tres y cuatro veces más que su versión “trucha”. En ello tienen mucho que ver los impuestos: el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 3% del Impuesto a las Transacciones (IT) y el 25% del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

La pretensión de la Cámara del Libro es tener una carga impositiva igual a cero, para rebajar los costos de las obras, y se propuso la Ley del Libro y Fomento a la Lectura y las Bibliotecas. Por ahora, afirma Chungara, “nadie hace algo por los autores, escritores y editoriales”. La oferta de las imprentas clandestinas y de los piratas mayoristas está a la orden del día en zonas como la del Cementerio, donde miles de libros “truchos” pueden ser impresos. Un eslabón más en este mundo de lo ilícito.

Los registros que son protegidos por el Estado boliviano

Por derecho de autor se entiende un conjunto de derechos exclusivos encaminados a la protección de obras literarias y artísticas, que con frecuencia se conoce tan sólo como “obras”. La finalidad del Estado es retribuir los esfuerzos intelectuales de los autores y, a la vez, promover las ciencias, la cultura y las artes.

Los derechos conexos son aquellos que brindan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad, técnica u organización, en el proceso de poner a disposición del público una obra. Ofrecen el mismo tipo de exclusividad que el derecho de autor, pero no abarcan las obras propiamente dichas, sino que abarcan cosas que entrañan un trabajo, generalmente, en el sentido de puesta a disposición del público.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, a través de la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos, protege los registros que tienen relación con libros, folletos, artículos y otros escritos. Las conferencias, discursos, lecciones, sermones, comentarios y obras de la misma naturaleza.

También están en la lista las obras dramáticas o dramático musicales. Las obras coreográficas y pantomímicas, cuya representación se fije por escrito o de otra manera. Las composiciones musicales, con letra o sin ella. Las obras cinematográficas y videogramas, cualquiera sea el soporte o procedimiento empleado.

Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado o litografía. Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. Las obras de arte aplicadas, incluyendo las obras de artesanía.

Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o a las ciencias. Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías. Los programas de ordenador o computación (soporte lógico o software) bajo reglamentación específica.// La Razón

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