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La eliminación de jueces ciudadanos en tribunales de sentencia, la suspensión de vacación colectiva y la conminatoria a fiscales para que en un plazo de cinco días emitan la resolución conclusiva de la investigación preliminar son algunos de los ajustes al Código de Procedimiento Penal que aprobó el martes en la noche la Cámara de Diputados.

El proyecto de Ley 334, que incluye los ajustes, se denomina de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que pasará a la Cámara de Senadores para su tratamiento.

El proyecto de Ley 334 presentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, propone la modificación de varios artículos del Código de Procedimiento Penal, con el objetivo de disminuir la retardación de justicia.

La eliminación de jueces ciudadanos en causas que se inicien a partir de la promulgación de la Ley 334 de “Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal”, enfrenta al actual Código de Procedimiento que sí permite su existencia.

Leyes bolivianasEn este proyecto también se eliminan las vacaciones colectivas que benefician en la actualidad a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vocales departamentales de justicia y servidores públicos de este Órgano. A partir de su promulgación este beneficio será individual y planificado.

Según el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Juan Carlos Cejas, citado en un boletín de prensa de la Cámara Baja, la propuesta es una respuesta a las estadísticas respecto a que la tardanza de la mayoría de los procesos en materia penal se debe a la conformación de los tribunales de sentencia que incluso se logra efectivizar en meses y hasta años.

Cejas explicó que otro perjuicio para el retraso de los procesos son las vacaciones colectivas que de alguna manera paraliza al Órgano Judicial pese a que se quedan jueces de turno que no precisamente atienden todas las causas, motivo por el cual se propone vacaciones individuales.

Este proyecto plantea también que se conmine a los fiscales para que en el plazo de cinco días emitan resolución conclusiva de la investigación preliminar, conforme al Artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, para que de esta forma se dé celeridad al proceso investigativo a cargo del fiscal.

Determina, por única vez, la conversión de acciones transcurridos tres meses con la notificación a la víctima o querellante, en el caso de que el fiscal asignado al caso se hiciera vencer con el plazo de conminatoria para que presente resolución conclusiva, y si transcurrido este plazo, la víctima o querellante no solicita la conversión, el juez, de oficio, podrá declarar la extinción de la acción.

El Proyecto de Ley sugiere que el Consejo de la Magistratura designe a los jueces instructores en Materia Penal de las listas elaboradas como efecto de las convocatorias internas y externas para jueces penales.

Opositores anuncian juicio

Los senadores de Convergencia Nacional (CN) Centa Rek y Germán Antelo, presentaron ante la Fiscalía de La Paz una denuncia contra los diputados de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y por violencia política a las mujeres, tras haber avalado el juicio de responsabilidades contra dos magistradas del Tribunal Constitucional.

“Nosotros fundamentamos esta denuncia en el hecho de que diputados de la comisión de Justicia Plural generaron un juicio supuesto de responsabilidades a dos magistradas que no creemos que sea tal y que, por tanto, esta comisión dictó resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, a las leyes y además está ejerciendo violencia política contra mujeres”, afirmó Rek.

Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) que pertenecen a la comisión y fueron denunciados ante la justicia ordinaria son: Juan Carlos Cejas, Wilfredo Calani Choque, Julia Figueredo, Eusebio Cruz, Juan Barriga y Apolinar Rivera.

El 29 de julio la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la proposición acusatoria para suspender y enjuiciar a las magistradas Ligia Velásquez y Zoraida Chánez, por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA el 13 de marzo pasado que puso en suspenso la aplicación de la Ley Notariado Plurinacional.// Los Tiempos (COM)

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