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Ronald Iván Fernández Chambi (23), asesino confeso de la joven bioquímica Sophia Calvo Aponte (26), recibió una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto en un procedimiento abreviado realizado ayer en una audiencia celebrada en el despacho del juez cautelar Martín Camacho. El caso que conmovió al país desató una serie de reacciones y la ciudadanía alista para hoy una marcha junto al Comité pro Santa Cruz, mientras que la Defensoría del Pueblo anuncia una vigilia en la plaza principal.

El fiscal José Parra pidió el proceso abreviado basado en la existencia de la prueba plena contra el autor; la flagrancia al ser hallado en el retén de Paila con el cuerpo en un auto tratando de salir de la ciudad, y las pertenencias de la víctima recolectadas por los investigadores.

Escasa seguridad

El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, presentó a Fernández el domingo, a las 10:30, en el Comando de la Policía y explicó que el hombre era trabajador del parqueo privado Cañoto desde hace seis meses, se ocupaba de acomodar los vehículos en el inmueble de siete pisos y vigilar por las noches.

El asesino planificó durante días el crimen supuestamente porque quería ostentar un vehículo a su novia y la candidata para arrebatárselo era la joven bioquímica que usaba a diario el parqueo. La noche del viernes, el hombre tendió una emboscada a la mujer en el cuarto piso sabiendo que la cámara no abarcaba todo el ambiente. Sophia se defendió y hasta logró arrebatarle el cuchillo para ahuyentarlo, pero no pudo y acabó siendo asfixiada y violada por el sujeto de estatura mediana.

Asesinos en BoliviaIván subió el Kía al séptimo piso con el cuerpo de Sophia en el maletero, limpió la sangre, se cambió de ropa y esperó que los demás clientes se fueran en sus motorizados para sacar el auto, con el que paseó por la ciudad, bebió en locales y al día siguiente se dirigió hacia el este y, en la tranca de Paila, lo descubrió el sargento Juan Carlos Adrián G., de la Policía Caminera.

El ministro Pérez reveló que el parqueo privado carecía de un control efectivo, pues el sistema de seguridad se limitaba a un circuito de videos en los tres primeros pisos, monitorizados por una funcionaria en el punto de entrada. Tenía una alarma que era activada remotamente por el administrador cuando Iván le informaba que era hora de cerrar el negocio. Esa noche, el hombre burló las cámaras al cubrir las ventanas del auto con papel oscuro y papel de periódico, y al encandilar poniendo la luz alta al salir del edificio.

Pérez indicó que ayer se hizo una somera inspección en parqueos similares y se comprobó la misma debilidad.

Tras llegar a un acuerdo con Eduardo Claros, abogado del procesado, y con el juez Martín Menacho, el fiscal Parra imputó a Fernández por asesinato, feminicidio, violación y robo agravado, delitos que en conjunto suman 95 años de prisión, pero la justicia boliviana no contempla las penas acumulativas, solo 30 años como pena máxima.// El Deber (BO)

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