La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), una organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, tomó conocimiento del juicio que les sigue la Asamblea Legislativa Plurinacional a los magistrados de Tribunal Constitucional Plurinacional, Zoraida Chanez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi. Las dos primeras suspendidas por la Cámara Diputados, esperan la sentencia del Senado.

En una carta dirigida a los senadores y diputados bolivianos, la CIJ les pide “anular o dejar sin efecto los procedimientos penales tramitados contra los tres magistrados; poner fin a la suspensión de funciones de los magistrados y, cesar cualquier otra forma de injerencia en la independencia del poder judicial.

La CIJ pide además “iniciar las reformas de las normas constitucionales y legales relativas a la disciplina y a la destitución de los jueces para que éstas estén conforme a  normas internacionales”.

La carta está firmada por Matt Pollard, consejero jurídico principal y director del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados dela CIJ.

La justicia en Bolivia anda malEn la misiva, la CIJ considera que los procesos contra los magistrados violan las obligaciones legales internacionales del país relativas a la independencia del poder judicial y al derecho a un juicio justo.

En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó ayer que el 21 de octubre comenzará el juicio de responsabilidades a las magistradas del TCP por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes, transgresiones tipificadas en el Código Penal.

Dice la carta enviada a senadores y diputados: “La CIJ ha examinado los hechos en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según la interpretación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas.

En base al análisis de los documentos citados, la CIJ establece, “que el Senado y Diputados no reúnen las condiciones de un tribunal independiente e imparcial, de carácter judicial, de modo que la condena penal de una persona por el Senado, violaría el derecho a un juicio justo de conformidad con el derecho internacional.

No existe imparcialidad y sus decisiones son políticas

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra, considera que los procedimientos mediante los cuales  la Asamblea Legislativa pretende enjuiciar a los magistrados violan la independencia del poder judicial por los siguientes motivos:

1. Los procedimientos parecen basarse únicamente en la discrepancia con el fondo de las interpretaciones jurídicas y de las decisiones adoptadas por los magistrados, en el marco de las competencias judiciales que les confiere la Constitución y la legislación  boliviana para controlar la constitucionalidad de las leyes.

2. Los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados a quienes se ha adjudicado este asunto no pueden considerarse imparciales, dado que la decisión afecta una ley aprobada por estos mismos.

3. El Senado y la Cámara de Diputados carecen de la independencia e imparcialidad institucionales necesarias, especialmente ante la ausencia  de mecanismos institucionales que puedan garantizar que la decisión del Senado sea de naturaleza jurídica y no política.// Los Tiempos (COM)

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