Desde 2012, recuperaron 70 de 120 predios avasallados

El número de predios avasallados en el oriente se redujo de  los 120 registrados en 2012 a sólo 50 en la actualidad, que aún resta recuperar, según la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios (ASPPA).

"Sólo hay 50 predios avasallados; la recuperación del resto  se logró a través de una campaña que emprendimos con el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) para demostrar  que estos terrenos tomados son productivos”, informó la directora de la ASPPA, Beatriz Leigue.

Esta organización se fundó en 2012 después de una gran avalancha de avasallamientos que se ejecutó  en el oriente del país, tras la promesa gubernamental de dar tierras al pueblo.

Según Leigue, quienes toman los predios  son cabecillas de grupos que buscan  lucrar con la tierra en lugar de trabajar en ella y que utilizan a comunarios para realizar las invasiones.  "Se valen de las personas que quieren trabajar y  luego venden una parcela,   50 ó 100 hectáreas”, añadió.

Por ejemplo, el predio La Sama,  de propiedad de  Leigue, fue tomado hace cuatro años, pero luego de un largo proceso se logró el desalojo y con sorpresa se encontró que en el lugar vivían personas que habían comprado los terrenos a los avasalladores.

  La ASPPA se convirtió en una guía para que los productores puedan enfrentar estos problemas con el respaldo de una organización y no de manera individual . Su mayor logro fue permitir el avance del trámite de desalojo, aunque el propietario afectado no hubiera terminado con el proceso de saneamiento.

"Con el INRA logramos agilizar el proceso. No importa en qué estado esté el saneamiento de la propiedad, se debía resolver el tema de avasallamiento”, precisó la representante.

Uno de los argumentos para restituir el derecho propietario fue cuestionar   las motivaciones para una toma ilegal de terrenos. "Si las personas necesitan tierras para trabajar, ¿porqué están tomando terrenos productivos? Si quieren tierras para trabajar, ¿porqué no piden tierras fiscales”, subrayó.

Producto de este trabajo conjunto, hace pocos días se logró el desalojo del predio denominado El Limoncito y la detención de 30 personas de las cuales 23 fueron imputadas formalmente acusadas por destrucción de la propiedad privada, asociación delictuosa, daño al Estado.

Jaime Parada, otro propietario, dijo que en la medida que el sector productivo tenga  seguridad jurídica podrán ayudar al Gobierno a cumplir con el objetivo de dar seguridad alimentaria para el 2025. Las tomas se producen en diferentes regiones de Santa Cruz: Guarayos, Pailón Sur, el Norte Integrado, La Bélgica, Urubo, Terebinto; zonas ricas en agropecuaria, ganadería, producción de leche y que ya están en fase de producción. 

Se debe denunciar

Sugerencia La ASPPA recomienda a los propietarios de predios tomados denunciar el hecho a la Fiscalía, al INRA; y especialmente a la ABT. Esta última entidad debe cuantificar qué área fue desmontada, quemada por los loteadores y que no son atribuibles al productor.

Riesgo  De  no presentar la denuncia es pasible del proceso administrativo de la ABT, pagar por el desmonte y esto no lo exime de que su tierra sea  revertida.

Norma  La Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras ayudó a disminuir las tomas al sancionar esta actividad ilícita con la cárcel.

Vice garantiza la propiedad privada

El vicepresidente Álvaro García Linera garantizó la seguridad jurídica de los predios para asegurar la producción, y dijo que  no son necesarios los avasallamientos porque el INRA puede distribuir tierras.

"La propiedad privada y la seguridad productiva están garantizadas. Está en la Constitución, en la ley y la estamos cumpliendo”, declaró la autoridad en una entrevista en la red ATB.

Bolivia tiene 3,8 millones de hectáreas y las áreas afectadas por invasiones o avasallamientos ilegales no superan las 200 mil hectáreas. "Pero, evidentemente, eso es un crimen y es un delito, y lo estamos combatiendo”, agregó.

Según datos de la autoridad hubo 140 denuncias de tomas y en    cerca de 90 de ellas se procedió con el  desalojo con orden de juez y presencia policial. "Nos faltan 50 por delante y vamos a sacar a los avasalladores por la fuerza y amparados por la ley”, aseguró.

Explicó que no se justifica que en Bolivia existan avasallamientos porque el Estado tiene cerca de seis millones de hectáreas para distribuir.

Para sectores campesinos e interculturales  se dotarán  17 millones de hectáreas; para comunidades indígenas de tierras bajas y altas hay 24 millones de hectáreas que  suman 41 millones de hectáreas. Para los empresarios quedan seis millones de hectáreas.

Dueños  afectados pierden su inversión y quedan endeudados

Los propietarios de predios avasallados llegan a perder la inversión  realizada en las tierras, su producción agrícola,   quedan endeudados y dejan de ser sujetos de crédito, como parte   de los inconvenientes que llegan a enfrentar.

"Producir una hectárea de soya demanda 500 dólares, con la posibilidad de sacar dos toneladas por hectárea y obtener un ingreso de 800 dólares. Si los avasalladores entran el momento de cosechar, el productor perderá su inversión y la venta”, sostuvo el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), José Luis Landivar.

Para emprender su actividad, el productor se presta dinero, pero si su tierra es avasallada ya no tiene los medios para devolver el dinero al banco.

Jaime Parada, el propietario de un predio agrícola, además señaló que si un propietario sufre la toma de sus terrenos queda con un estigma. " Los bancos ven que estamos con problemas y ya no somos sujetos de crédito hasta no salir de ésta condición”, dijo.

    En el predio La Sama, la propietaria Beatriz Leigue invirtió 70.000 dólares para  adecuar el terreno. Luego  compró con un crédito 350 cabezas de ganado  para el engorde intensivo. Tras el avasallamiento perdió toda la  inversión realizada.

En el Limoncito, los avasalladores tomaron una parte del terreno y en la otra colocaron estacas de metal que destrozaron las cosechadoras que eran alquiladas. Por esta razón,  los proveedores de la maquinaria ya no quieren    prestar el servicio.

Asimismo, en Guarayos una propiedad dedicada a la ganadería se quedó sin los terrenos suficientes para alimentar a sus animales y terminaron vendiendo las vaquillas.

Las tomas se intensificaron desde 2012.// Página Siete (BO)

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