Una medición sobre la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas en el Poder Legislativo le otorga un porcentaje de 24% a la Asamblea Legislativa Plurinacional boliviana, frente a un también disminuido 40% en América Latina, lo que deja una agenda para generar un parlamento más abierto a la ciudadanía.

El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa que dirige su mirada comparativa hacia el funcionamiento de diez Congresos de la región fue elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL). El índice se divide en cuatro dimensiones: normatividad; labor del Congreso o Asamblea; presupuesto y gestión administrativa; mecanismos de participación, atención ciudadana y rendición de cuentas.

El promedio de transparencia en América Latina es de 40%, aunque Bolivia (24%) y Venezuela (21%) tienen los indicadores más bajos, frente a Perú (55%) y Chile (53%) con los resultados más altos. El mayor déficit en América Latina está en la categoría del “presupuesto y gestión administrativa” (26%) que analiza la publicación del presupuesto del Congreso o Asamblea, la publicación de la nómina con nombres de asesores, los concursos públicos para el personal administrativo y las contrataciones (sobre lo que hay escasa información).

En esta entrevista con el Periódico Digital del PIEB, el director de Fundación Construir, Ramiro Orías, explica que estos resultados sirven para marcar una agenda a futuro de apertura a la ciudadanía.

Bolivia tiene puntuación bastante baja, ¿qué implica este dato?
Nos muestra principalmente una agenda de trabajo y desafíos hacia adelante, con recomendaciones específicas sobre cómo generar un parlamento más abierto a la ciudadanía, un parlamento que recupere mecanismos institucionalizados de diálogo social, con audiencias públicas en forma más ordenada conforme a su reglamento, con criterios claros para convocar o rechazar una audiencia pública, con sistemas de acceso a la información, cuando los ciudadanos pedimos alguna información las cartas que llegan al Legislativo en su mayoría no son respondidas adecuadamente o merecen un acuse de recibo formal y rechazo de la información que se solicita. En el tema de la transparencia presupuestaria, el ciudadano no conoce cómo es la distribución de los recursos públicos al interior del parlamento, por ejemplo no se informa cómo se distribuye por comisiones por brigadas, cómo se ha ejecutado el presupuesto, etc. Y en general algo que se critica es cómo el parlamento se ha ido cerrando por razones de seguridad, entrar ahora al parlamento sin recomendación de un parlamentario es imposible, y si es la casa de la democracia debería ser más abierta a los ciudadanos. Creo que como lecciones aprendidas, y ahora que estamos con un órgano legislativo que está de salida, ofrece una agenda de trabajo que tienen que asumirla como desafíos para adelante.

¿Hay un punto de comparación con algún informe anterior?
No hay, ésta es una especie de línea de base. Creo que es la primera vez que se aplica el Índice de Transparencia Legislativa latinoamericana en Bolivia, sin embargo se observa que en algunas áreas (hay) un retroceso, por ejemplo el reglamento de audiencias públicas que tenía el anterior congreso no ha sido renovado con el nuevo reglamento. Hay un artículo en el reglamento de la cámara de diputados que dice “las comisiones podrán convocar a audiencias públicas”, pero cuál es el efecto, cuáles son las normas que debe regular, qué producto debe presentarse al final de una audiencia, no queda claro, además la asignación de audiencias también es muy discrecional, algunas comisiones aceptan audiencia cuando la sociedad civil las requiere y otras comisiones rechazan sin fundamento.

A nivel más general, las interpelaciones al Poder Ejecutivo, ¿los pedidos de informe de ese tipo, cómo se evalúan?
Estos son mecanismos principalmente de responsabilidad política, y ahí ha habido pocas interpelaciones, la mayoría oficialista no ha generado otro resultado que la ratificación del ministro. En el tema de petición de informes entre poderes, el Índice no ha captado esta información porque su objetivo es medir la transparencia y la rendición de cuentas del legislativo frente a los ciudadanos. El mensaje más importante es que hay una agenda de trabajo hacia adelante para el órgano legislativo, uno de los temas que ha incidido en el bajo puntaje de Bolivia es que no tenemos una ley de acceso a la información pública, seguimos aplicando un decreto supremo emitido en época de Carlos Mesa que sólo se aplica al Ejecutivo, no hay mecanismos de acceso a la información para el ciudadano frente al órgano legislativo. Inclusive se hace necesario pensar en una ley del órgano legislativo, como la LOPE (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo), la Ley de Organización Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional, la Ley del Órgano Electoral, pero no hay ley del órgano legislativo. Creemos que una ley de éstas podría absolver muchas de estas falencias normativas que afectan a una gestión institucional más transparente, con mayor rendición de cuentas, más accesible para el ciudadano y en suma podría fortalecer la instancia legislativa.

¿Los países mejor situados tienen esas normativas?
Sí, están Chile y Perú que cuenta con este tipo de normativas y de servicios de información al público, más abiertos, más institucionalizados.// PIEB (BO)

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