El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, promulgó ayer la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que elimina la figura de los jueces ciudadanos en los tribunales de sentencia.

Esta norma fue promulgada, según explicó, con el propósito de acabar con la retardación en los procesos penales, un defecto del sistema judicial boliviano que le ha valido varias veces críticas de organismos internacionales como las Naciones Unidas.

Los jueces ciudadanos según el Código Penal y la Ley del Órgano Judicial eran tres y participaban en las decisiones judiciales junto a dos jueces técnicos.

En el artículo 5 de la ley, en su parágrafo I, se señala: "En los procesos cuyos Tribunales de Sentencia no se hayan constituido dentro de la etapa del juicio oral a momento de la publicación de la presente Ley se constituirán por tres jueces técnicos”. "La Presidencia del Tribunal se ejercerá de forma alternada, la primera vez por sorteo y posteriormente por turno”, añade el parágrafo II.

Justicia en BoliviaPor lo tanto, la  norma fija que los juicios orales se harán de forma exclusiva con tres jueces técnicos, lo que implica que en adelante se excluirán a los jueces ciudadanos, que en los hechos se convirtieron en factores que retrasaban los procesos o fueron objeto de presiones o chantaje de los litigantes, explicó ayer el vicepresidente García Linera.

En su momento, el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Juan Carlos Cejas, argumentó que la demora en la notificación y las excusas que presentaban los ciudadanos, llamados a ser jueces, retrasaban los procesos judiciales, por lo que ahora sólo tres jueces técnicos son los que asumirán determinaciones.

"La introducción de la figura del juez ciudadano ha significado un importante avance, que ha innovado sustancialmente la aplicación de la ley penal en Bolivia. No sólo que con ella se acerca la justicia a la ciudadanía, sino que su presencia representa el sentido de justicia para la comunidad y su participación es valorada como sinónimo de transparencia e independencia en los procesos penales”, escribió recientemente Ramiro Orías Arredondo, especialista en reforma y acceso a la justicia, antes de que exista el planteamiento de eliminar esa figura.

Los jueces ciudadanos fueron insertados al sistema judicial boliviano en 1999 con el nuevo Código de Procedimiento Penal; entonces fue considerada como una reforma  innovadora.

Punto de vista

Iván Lima,  magistrado del Tribunal Supremo de Justicia: Es un grave retroceso

En los últimos días varios diputados del MAS afirmaron que el Código de Procedimiento Penal debía ser corregido y adecuado. La primera reforma procesal de "ese Parlamento” fue la Ley 007, la cual incluyó, entre otras medidas equivocadas, la audiencia conclusiva. La nueva Ley de Descongestión reconoce el craso error y elimina la audiencia conclusiva. Ahora se admite que la Ley 007 fue la causa principal del colapso y la congestión de los juzgados cautelares. Me pregunto: ¿Quién fue el responsable de incorporar esa audiencia?

Ahora se nos propone eliminar a los jueces ciudadanos, decisión que es incompatible con nuestro modelo constitucional de justicia. Eliminar a los jueces ciudadanos es un grave retroceso de la democracia y la participación ciudadana en el control del poder.

Lo inexplicable de la ley  es que no identifica el problema central de la congestión. No se resuelven los temas centrales de modernización, gestión procesal, dirección de audiencias y agenda común de los actores. (Oxígeno)

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