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La Gobernación de La Paz salió al paso ayer de las denuncias documentadas de violencia y maltrato en el Hogar Virgen de Fátima presentadas en 2012 y 2013, y presentó como descargo los memorándums de destitución de las educadoras Dominga C. S. y Julia G. de A.  Pero Aldo Castro, asesor legal del Gobierno Departamental, no pudo precisar cuántos bebés y niños fueron víctimas de las dos “mamitas”, quién las contrató, cuánto tiempo estuvieron trabajando en el centro de acogida, entre otros.

“Dos o más niños podrían (haber sido) maltratados. (La denuncia) no dice cuántos niños, solo refiere que son niños diferentes, no he contado las fotos, (están en fotocopia), tampoco dicen desde cuándo”, señaló Castro, aunque estos detalles debieron haberse conocido en el proceso administrativo previo a la destitución. “El hecho de que se hayan dictado tres resoluciones coincidentes confirma la denuncia de maltrato”, comentó.

En las fotografías que acompañan a una de las cartas —tomadas en distintos meses de 2011, según la fecha automática de la cámara— se ve a un bebé con el ojo morado; un detalle de la oreja de un niño desprendida presuntamente a causa de un brutal tirón; moretones y rasguños en los cuerpos de otro, daño en el tabique nasal, heridas en el cuero cabelludo de otros, etc.

¿Pero cuántos menores fueron maltratados?, preguntó La Razón al asesor legal y al director de Transparencia de la Gobernación, René Escóbar, quienes señalaron desconocer la cantidad exacta. Las cartas que revelaban los abusos fueron enviadas al gobernador César Cocarico en 2012 y 2013, quien la noche del jueves dijo a la red Bolivisión que no llegaron a sus manos.

Muerte de bebé AlexanderHechos. “Tengo el agrado de dirigirme a su autoridad a objeto de hacerle conocer que en varias ocasiones recibí denuncias de maltrato a los niños huérfanos por algunas educadoras en el Hogar de Niños Virgen de Fátima, como los puede observar en las fotografías que adjunto”, señala la carta firmada por Leonor Morales Ayma, pariente del presidente boliviano Evo Morales, fechada el 19 de abril de 2012, y recibida el 25 de ese mes.

La segunda, suscrita por María Eugenia V. — trabajadora social procesada y despedida—, es del 12 de agosto de 2013 y señala textualmente:  “Durante mi permanencia en el Hogar observé que los niños son maltratados, física y psicológicamente y algunos (son) amenazados por algunas educadoras”. No da más detalles.

Según un informe de la psicóloga de la Gobernación, el uso de la violencia contra los infantes ocurrió por el “grado de tensión” que viven las educadoras, ya que cada una debe cuidar al menos a nueve menores, dijo Castro. “Debe ser difícil controlar, por eso las mamitas entran en tensión y no tienen la suficiente paciencia”, justificó.   Luego de tomar conocimiento de ambas cartas, la unidad jurídica de la Gobernación realizó la investigación contra las tres involucradas.

La sumariante dictó un auto final que establece la responsabilidad de la servidora y determina su destitución, indicó Castro en referencia a la denunciante. A Dominga C. S. se la destituyó el 4 de octubre de 2012, por establecerse “la existencia de responsabilidad administrativa, sancionándole con la destitución”. El memorándum de Julia G. de A. está fechado el 20 de septiembre. El documento señala que: “Se prescinde de sus servicios por contravenir lo dispuesto en el Código Niño, Niña y Adolescente”, refiriéndose al maltrato, tipificado y sancionado en el artículo 108 de esa norma.

Historia sin manchas

Dato

René Escóbar, director de Transparencia, dijo que en los 36 años que tiene el Hogar no se presentaron denuncias de maltrato.

Hurto de alimentos destinados a los niños

María Eugenia V,. trabajadora social y exfuncionaria del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), denunció la sustracción de alimentos y ropa destinados a los niños de dos centros de acogida: el Hogar Virgen de Fátima y el Centro Transitorio Dignidad.

En la nota fechada el 12 de agosto del año pasado, dirigida al gobernador de La Paz, César Cocarico, dice que evidenció que las educadoras “se llevan los alimentos, ropa, zapatos, jaboncillos, champú, sábanas, etc. que es (sic) de uso exclusivo de los niños del hogar (Virgen de Fátima)”.

La denunciante observa la “injusticia” con la que se actuó con su persona porque se la transfirió a otro cuando su intención fue “proteger a los niños y denunciar las irregularidades en los hogares”. María Eugenia V. fue transferida al Refugio Transitorio Dignidad para mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar. “Grande fue mi sorpresa cuando descubrí que a Bonifacia C. A. y Virginia Q, F., educadoras de este centro, se las encontró llevándose alimentos y víveres de la institución”.

Opinan que echarlas fue insuficiente

La destitución de dos educadoras en 2012 por maltrato físico a los niños de cero a cinco años que estaban a su cuidado en el Hogar Virgen de Fátima, es insuficiente. La Gobernación de La Paz debió denunciarlas para que sean castigadas por la Justicia, dijeron dos especialistas. El asesor general de la Gobernación, Aldo Castro, señaló que tras un proceso administrativo sumario, Dominga C. S. y Julia H. de A. solo fueron destituidas de sus cargos tras comprobarse los maltratos.

“Toda denuncia de maltrato que haya determinado días de impedimento en un niño o una niña se tiene que poner en conocimiento de las autoridades, del Ministerio Público. Es obligación de toda persona”, explicó el director de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia municipales, Marcelo Claros.

De acuerdo con los artículos 284 y 286 del Código de Procedimiento Penal, toda persona (empleados públicos) que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública está obligada a denunciar. “El que con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a que no está obligado, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años”, indica por su parte el Código Penal, en su artículo 294, sobre el tema de coacción.

“Si existe una responsabilidad, (amerita) una sanción penal. Estos funcionarios que han ejercido esa violencia en los menores tienen que recibir sanción. Si (los niños) fueron recogidos por la Defensoría y llevados a ese hogar es porque estaban en situación de violencia y no es posible que dentro de una institución del Estado tengan que volver a sufrirla”, señaló la abogada Paola Barriga.// La Razón (COM)

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