La retardación de justicia en el país es el efecto de varios factores, pero uno de ellos es una administración deficiente de las causas judiciales. Entre 2011 y 20013, el número de juzgados que procesan causas penales se incrementó de 52 a 69 tribunales; sin embargo, en el mismo lapso la carga procesal subió de 146.643 a 208.517 casos. La cantidad de juzgados aumenta en 33% y la de procesos penales en 42%.

Los datos provienen del informe “Prisión preventiva y derechos humanos en Bolivia. Informe Bolivia”, presentado en octubre pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por instituciones de la sociedad civil. Las cifras del estudio muestran que “los últimos tres años la carga procesal que ingresa a juzgados incrementó en un 42%, pese que en 2013 el número de jueces de instrucción penal cautelar incrementó en un 33%, lo que supone –en un sistema ya saturado por la sobrecarga procesal– que esta medida fue insuficiente para lograr cambios en la eficiencia del sistema”.

En cuanto al Ministerio Público, encargado de investigar la verdad científica de los hechos criminales para luego acusar o exonerar a un sospechoso, un diagnóstico de 2012 y un plan estratégico de fortalecimiento institucional derivaron en un incremento del 200% en su presupuesto de gestión. Con esto se fortalecieron las capacidades instaladas en términos de infraestructura, tecnología y recursos humanos. A pesar de esta medida, la carga procesal continuó sumando hasta llegar, en 2013, a cerca de 466 casos por cada fiscal.

Para el caso de los defensores públicos, es decir los abogados otorgados por el Estado a personas sospechosas (imputados) que carezcan de medios para pagar un defensor privado, hubo un aumento de 27% (de 66 a 89) en el mismo periodo. “Esta cifra en número apenas representa un incremento de dos (2) defensores por departamento, exceptuando los departamentos de Pando y Cochabamba en los que no se asignaron nuevos ítems para defensores, situación que llama la atención porque Cochabamba es uno de los distritos con mayor carga procesal a nivel nacional”, dice el informe.

La justicia en BoliviaEn conclusión, si la carga procesal de los fiscales es abrumadora, la situación de los defensores públicos no es tan diferente pues se puede verificar que existe un defensor por cada seis fiscales. El panorama tampoco es homogéneo, mientras en La Paz un defensor público atiende 66 casos penales, en Santa Cruz atiende 100 y en Tarija el abogado debe asesorar hasta 292 procesos.

El informe pone el acento en el alto nivel de hacinamiento en las cárceles del país y la presencia masiva de personas técnicamente inocentes (84%) privadas de libertad. Entre otros aspectos, las instituciones consideran que el incremento progresivo de las causa en los penales se debe también a la inclusión del criterio de reincidencia como causal para aplicar la prisión preventiva, la creación de nuevos tipos penales, la ausencia de un reglamento o plan de implementación de los nuevos sistemas especializados para grupos vulnerables, los vacíos jurídicos para interpretar las nuevas disposiciones normativas, a lo que se suma el hecho de que las capacidades instaladas en los juzgados se han mantenido sin modificación.

Entre las recomendaciones se plantea que los problemas de retardación de justicia en el país responden a la falta de un plan de fortalecimiento que prepare a las instituciones para atender los retos dispuestos por las normas; no son hechos atribuibles individualmente a los operadores de justicia

La retardación de justicia en el país es el efecto de varios factores, pero uno de ellos es una administración deficiente de las causas judiciales. Entre 2011 y 20013, el número de juzgados que procesan causas penales se incrementó de 52 a 69 tribunales; sin embargo, en el mismo lapso la carga procesal subió de 146.643 a 208.517 casos. La cantidad de juzgados aumenta en 33% y la de procesos penales en 42%.

Los datos provienen del informe “Prisión preventiva y derechos humanos en Bolivia. Informe Bolivia”, presentado en octubre pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por instituciones de la sociedad civil. Las cifras del estudio muestran que “los últimos tres años la carga procesal que ingresa a juzgados incrementó en un 42%, pese que en 2013 el número de jueces de instrucción penal cautelar incrementó en un 33%, lo que supone –en un sistema ya saturado por la sobrecarga procesal– que esta medida fue insuficiente para lograr cambios en la eficiencia del sistema”.

En cuanto al Ministerio Público, encargado de investigar la verdad científica de los hechos criminales para luego acusar o exonerar a un sospechoso, un diagnóstico de 2012 y un plan estratégico de fortalecimiento institucional derivaron en un incremento del 200% en su presupuesto de gestión. Con esto se fortalecieron las capacidades instaladas en términos de infraestructura, tecnología y recursos humanos. A pesar de esta medida, la carga procesal continuó sumando hasta llegar, en 2013, a cerca de 466 casos por cada fiscal.

Para el caso de los defensores públicos, es decir los abogados otorgados por el Estado a personas sospechosas (imputados) que carezcan de medios para pagar un defensor privado, hubo un aumento de 27% (de 66 a 89) en el mismo periodo. “Esta cifra en número apenas representa un incremento de dos (2) defensores por departamento, exceptuando los departamentos de Pando y Cochabamba en los que no se asignaron nuevos ítems para defensores, situación que llama la atención porque Cochabamba es uno de los distritos con mayor carga procesal a nivel nacional”, dice el informe.

En conclusión, si la carga procesal de los fiscales es abrumadora, la situación de los defensores públicos no es tan diferente pues se puede verificar que existe un defensor por cada seis fiscales. El panorama tampoco es homogéneo, mientras en La Paz un defensor público atiende 66 casos penales, en Santa Cruz atiende 100 y en Tarija el abogado debe asesorar hasta 292 procesos.

El informe pone el acento en el alto nivel de hacinamiento en las cárceles del país y la presencia masiva de personas técnicamente inocentes (84%) privadas de libertad. Entre otros aspectos, las instituciones consideran que el incremento progresivo de las causa en los penales se debe también a la inclusión del criterio de reincidencia como causal para aplicar la prisión preventiva, la creación de nuevos tipos penales, la ausencia de un reglamento o plan de implementación de los nuevos sistemas especializados para grupos vulnerables, los vacíos jurídicos para interpretar las nuevas disposiciones normativas, a lo que se suma el hecho de que las capacidades instaladas en los juzgados se han mantenido sin modificación.

Entre las recomendaciones se plantea que los problemas de retardación de justicia en el país responden a la falta de un plan de fortalecimiento que prepare a las instituciones para atender los retos dispuestos por las normas; no son hechos atribuibles individualmente a los operadores de justicia.// PIEB (BO)

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