Culminada la Guerra del Pacífico y hasta antes del Tratado de 1904, ninguna autoridad chilena tuvo la intención de dejar a Bolivia sin una costa soberana. Al finalizar la contienda y el posterior diferendo limítrofe con el Perú, Chile tenía la certeza de que daría a Bolivia una salida propia al mar. La clase política chilena coincidía de manera unánime en que su país no debía dejar a Bolivia en la mediterraneidad.
Un dato cierto es que Chile no solo explotó las reservas de salitre y guano que estuvieron en territorio boliviano, sino que las enormes reservas de cobre que mueven la economía chilena desde hace décadas también se encuentran en los territorios invadidos en 1879.
Hoy 23 de marzo, fecha en que los bolivianos conmemoran el Día del Mar y cuando se recuerdan 136 años de la invasión chilena, la actual clase política de Chile se niega a una negociación de buena fe en base a lo que ese mismo Estado planteó como solución en repetidas ocasiones a lo largo de la historia.
La primera concreción de la voluntad de la oligarquía del país trasandino en esa dirección fue el Tratado de Transferencia de Territorios de 1895, que complementaba el Tratado de Ancón (1883) entre Chile y Perú. Éste establecía que a los diez años de su firma (1893) se realizaría un plebiscito en el que la población de Tacna y Arica votaría para decidir a cuál de ambos países quería pertenecer. El proceso se fue postergando, pero en 1895 Chile aún tenía intenciones de que se lleve a cabo, por lo que ese año firmó con Bolivia el Tratado de Transferencia de Territorios como complementación al de Ancón.
Este documento establecía que, sea cual sea el resultado de la consulta, Bolivia contaría con un considerable territorio de costa. Si Chile ganaba el plebiscito, ese país cedería a perpetuidad la superficie de Tacna y Arica a Bolivia y recibiría en compensación del traspaso un pago monetario.
En caso de que ganase el Perú, Chile cedería a perpetuidad territorios más al sur de la primera opción: desde Caleta Vítor hasta Camarones; de ser así, Chile debía, además, hacer un pago monetario a Bolivia. Esta certeza de la clase política chilena cambió desde 1904, año en que bajo una amenaza latente de guerra, Bolivia tuvo que firmar el Tratado de Paz y Amistad con el que cedía a perpetuidad los territorios bolivianos que comprendieron el departamento del Litoral, quedando —en la letra— sin ningún acceso a la costa, pues en los hechos el territorio boliviano estaba ocupado hacía más de 20 años. A partir de entonces, la unanimidad en favor de dar un acceso a Bolivia comienza a fragmentarse, si bien persistirá su inclinación a buscar una solución para la mediterraneidad, la cual se reflejará con contundencia en determinados momentos en que Santiago establecerá la política de Estado de negociar una salida soberana al océano Pacífico, al margen del mencionado pacto de 1904.
Por ejemplo, a 16 años del Tratado, en 1920, Bolivia y Chile firmaron un Acta Protocolizada, que en su inciso IV señala: “La situación creada por el Tratado de 1904, los intereses radicados en esa zona y la seguridad de su frontera norte, imponen a Chile la necesidad de conservar la costa marítima que le es indispensable; pero, con el propósito de cimentar sobre sólidas bases la unión futura de los países, Chile está dispuesto a procurar que Bolivia adquiera una salida propia al mar, cediéndole una parte importante de esa zona al norte de Arica y de la línea del ferrocarril que se halla dentro de los territorios sometidos al plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón”.
Luego, vino el Tratado de Lima de 1929 (Tratado Rada y Gamio-Figueroa Larraín) entre Perú y Chile, que da la última palabra al Perú para una futura salida soberana a Bolivia. Pasaron años en que la relación sufrió oscilaciones, hasta que en 1950 Chile volvió a pronunciarse a favor de una salida propia para Bolivia, esta vez en notas diplomáticas. El preámbulo de la nota chilena habla de los dos documentos mencionados además de otros más: “Con tan importantes antecedentes, que al respecto señalan una clara orientación de la política internacional seguida por la República Chilena, tengo a honra proponer a Vuestra Excelencia que los gobiernos de Bolivia y de Chile ingresen formalmente a una negociación directa para satisfacer la fundamental necesidad boliviana de obtener una salida propia y soberana al océano Pacífico, resolviendo así el problema de la mediterraneidad de Bolivia sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias los verdaderos intereses de ambos pueblos”.
Posteriormente, en 1975 comenzó un nuevo acercamiento: las negociaciones de Charaña. Chile esta vez ofreció —concretamente y señalando grados y latitud— una salida soberana para Bolivia. Poco después, en 1983, Chile redactó junto a Bolivia la Resolución 686 de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en que el país vecino acepta que una solución al enclaustramiento marítimo boliviano es una cuestión de interés continental y que hay que buscar una salida que proporcione a Bolivia un acceso soberano al Pacífico. Así, el documento escrito y firmado por ambos países, siguiendo a la resolución de la OEA de 1979, pide un acercamiento “incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas”.
Posteriormente, hubo otros intentos de negociaciones que no dieron los frutos que Bolivia habría deseado, como por ejemplo el Enfoque Fresco en Uruguay (1986) o la reunión en Algarve (Portugal) en 2000.
Años después, 2006 comenzaba de un modo auspicioso con un aparente entendimiento entre los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Chile, Michelle Bachelet. Se inició así la “agenda de los 13 puntos”. El sexto era el del tema marítimo. Bachelet finalizó su gestión en 2010 y fue sucedida por Sebastián Piñera, quien, sorpresivamente, dio continuidad a la agenda.
Finalmente, sucedió lo que el canciller David Choquehuanca relató en repetidas ocasiones. El tratamiento del punto sexto había sido pospuesto desde el inicio de las negociaciones. Cuando se instó a Chile a que sea tratado en la próxima reunión, la de noviembre de 2010, y que se presenten “propuestas útiles, concretas y factibles”, Santiago suspendió el encuentro que se reprogramó para febrero de 2011. El Canciller chileno asistió a la cita, que fue en La Paz, pero lo hizo sin ningún planteamiento. Fue entonces que el 23 de marzo, tras cuatro años de un acercamiento improductivo, el presidente Evo Morales anunció la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) cuya función sería elaborar una estrategia jurídica para iniciar un juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Tras dos años, en abril de 2013, se presentó una solicitud para el inicio del proceso, la cual fue aprobada por la Corte. Días antes de la entrega de ese documento, el 3 de abril, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé fue nombrado Agente del país ante la CIJ.
Según el documento, que menciona los antecedentes de predisposición chilena ya mencionados (Tratado de Transferencia, 1895, Acta Protocolizada de 1920, Notas de 1959, Resolución Conjunta 1975), además de otros, Chile a través de su comportamiento como Estado ha establecido un patrón que indica su apertura a negociar una salida soberana al mar para Bolivia. La demanda se cimienta, entonces, en la doctrina de los actos unilaterales de los Estados, que señala que las respuestas a las gestiones sobre un tema dadas por autoridades competentes de un Estado generan obligaciones; es decir que un Estado no puede negar o afirmar derechos que antes reconoció o negó, correspondientemente.
Cada uno de los casos documentados presentado por Bolivia establece que Chile incurre precisamente en eso, por lo que solicita a la CIJ que sentencie la obligatoriedad de Santiago a negociar con Bolivia una fórmula que le dé una salida propia al mar y que ese diálogo se efectúe en un tiempo razonable sobre las bases que Chile planteó en el pasado.
En abril del año pasado, Bolivia presentó a la CIJ su Memoria, texto reservado en que se desarrolla in extenso los argumentos jurídicos necesarios.
Casi inmediatamente después, a fines de ese mes, Evo Morales designó al expresidente Carlos Mesa como vocero de la demanda, cuya tarea es explicar los argumentos jurídicos bolivianos. Su nombramiento responde a la necesidad de facilitar la comprensión de la comunidad internacional del derecho boliviano a una salida al mar. Con Rodríguez Veltzé y Mesa, la demanda a la CIJ se terminó de consolidar como una política de Estado.
Tres meses después, en julio, Chile presentó un recurso incidental de incompetencia de la CIJ; es decir que argumentó que la CIJ no tendría jurisdicción en el caso. Bolivia presentó sus contraargumentos en noviembre y la CIJ programó los alegatos orales para mayo de este año.
Desde el anuncio de la demanda, el 23 de marzo de 2011, la clase política chilena ha querido hacer ver que el juicio iniciado es una agresión a su país. Por esto es que el papel de la vocería boliviana ha sido mostrar, además, el carácter pacífico y pacifista de una demanda que únicamente busca un compromiso real de diálogo.// La Razón (COM)
0 Comentarios
Estimado visitante:
Se aceptan todos los comentarios, siempre y cuando están dentro del marco del respeto y no sean SPAM. (Gracias por tu visita / comentario)