"Lo lógico fue confiar en el fiscal porque estaba seguro de que me iba ayudar. Al final, él terminó culpándome de autorrobo, no hay nadie en la cárcel por el atraco que sufrí y de paso fui víctima de maltrato”, recordaba José Luis Cuenca, uno de los denunciantes del exfiscal Humberto Quispe.

El exfuncionario enfrenta al menos una treintena de denuncias por extorsión e incumplimiento de deberes, entre otras. Sus supuestas víctimas presentaron todas las evidencias, pero a pesar de ello se defiende en libertad, aunque fue destituido.

(in)Justicia en BoliviaA este caso se suman otros que en los últimos meses pusieron en el ojo de la tormenta al Ministerio Público, debido a las constantes críticas en contra de sus representantes que, dado su accionar, ponen en indefensión a los ciudadanos comunes.

Un policía muerto en 2013, presuntamente en manos de su camarada. Al menos 17 comunarios de Apolo detenidos por ser los supuestos responsables de la muerte de cuatro miembros de la exFuerza de Tarea Conjunta (FTC). La muerte del bebé Alexander y la posterior acusación a un médico por violación.

Ninguna de esas investigaciones  identificaron, hasta la fecha, a los responsables con argumentos sólidos. A falta de respuestas concretas, se acumularon las denuncias en contra de los fiscales asignados a las pesquisas.

"El fiscal hizo desaparecer los  memoriales que presenté, me dijo que yo nunca los entregué. Pasaron dos años y no hay justicia para mi hermano”, asevera Víctor Mamani, el hermano del policía Modesto Mamani, quien fuera asesinado en 2013 aparentemente por su camarada, quien guarda detención preventiva.

El fiscal que atendía su caso es  Édgar Alarcón, quien hace dos meses fue  destituido junto con su colega Juan Eduardo Aliaga, por el delito de extorsión.

   A principios del año pasado, la dirección de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General registró 240 denuncias en las ciudades de El Alto y La Paz contra fiscales de materia por omisión, corrupción y dilación. Sin embargo, no se conoce aún si los procesos concluyeron o no.

  Mientras las denuncias contra fiscales aumentaban en La Paz, en febrero de este año, el fiscal general Ramiro Guerrero reunió a los distritales para encarar la llamada "revolución de la justicia” y anunció que una de las primeras actividades sería la investigación patrimonial de los funcionarios, tarea que no tiene respuesta hasta la fecha.

Sin embargo, lo que terminó de "cansar” a la sociedad fue la reciente detención y encarcelamiento del periodista de El Diario, Carlos Quisbert, quien intentó entrevistar a una de las imputadas por la muerte del bebé Alexander (octubre de 2014).

Los fiscales Marco Antonio Vargas y Rudy Terrazas imputaron al reportero por obstrucción a la justicia con el argumento de que Quisbert quiso inducir a la detenida a mentir.

El Ministerio Público lo detuvo el domingo 8 de marzo, salió la imputación en sólo horas y el lunes, la juez Lorena Camacho lo envío a la cárcel de San Pedro.

"Quisiéramos que los fiscales actúen así de rápido con Humberto Quispe, con los jueces o con los  policías que nos piden dinero para acelerar los casos. Estamos cansados de ver tanta injusticia, los delincuentes están libres”, concluye Sara Moscoso, víctima del exfiscal.

Una ley pide "probidad y trato humano”

El artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (julio de 2012) pide a los representantes probidad y trato humano.

"Las y los fiscales sujetarán sus actuaciones de acuerdo a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia, garantizando a la sociedad un acceso equitativo y oportuno al Ministerio Público”, señala el primer inciso.

Asimismo, el siguiente establece: "Las y los fiscales están obligadas y obligados a proporcionar un trato igualitario, digno y humano a las personas que intervienen en la investigación y en el proceso penal, bajo responsabilidad”.

Estas dos premisas que oficialmente deben regir en la labor diaria de los representantes del Ministerio Público no se cumplen, según las denuncias presentadas diariamente por los litigantes.

"Yo no le deseo esto ni a mi peor enemigo. Entrar al Ministerio Público por algún caso es un castigo, primero por la retardación y segundo por el maltrato, no sólo de los fiscales, sino de sus ayudantes y secretarios. Es un maltrato que no merecemos, pero ellos piensan que tienen el derecho de abusar”, aseveró Cristina Peláez, una mujer que hace dos años lucha  para que encuentren a dos delincuentes que le robaron en su casa.

  Asimismo, la ley orgánica de la Fiscalía indica que el servicio prestado a los ciudadanos es gratuito, algo que siempre está en duda por las constantes reclamaciones.

Punto de vista

Yolanda Herrera Presidenta de la APDHB

"Hay que persistir en la denuncia”

Tiene que haber una instancia de control jerárquico para poder acudir. Hay una serie de denuncias contra fiscales, éstas deberían llegar hasta el fiscal general, y que a partir de esta instancia se pueda instruir hacer investigaciones y procesos administrativos por este tipo de hechos.

Normalmente las víctimas denuncian sólo una vez y no sostienen la denuncia hasta el final, entonces a raíz de esto muchas veces se queda ahí.

Ante una denuncia de corrupción, de extorsión u otros delitos, la víctima debería ser persistente ante instancias jerárquicas, porque la Fiscalía tiene fiscales anticorrupción y ellos están encargados no sólo de hacer seguimiento de otros actores, sino de asumir los casos de su propia institución.

Son varios los factores que influyen para que existan fiscales con serias dificultades, como falta de conocimiento, pero, por otro lado, es cierto que existe un nivel de saturación , no cuentan con el personal necesario, entre otros. Son los elementos que contribuyen a que muchas veces el trabajo del Ministerio Público no cumpla con su labor de manera objetiva.

Hay una responsabilidad desde el ámbito central, del Ministerio de Hacienda por la mala distribución del presupuesto nacional en estos ámbitos. Por lo mínimo se requiere personas capacitadas con todos los elementos y material necesario.

Los jueces tienen más controles que los fiscales y ése es un punto que tiene que corregirse por el bien de la gente que es víctima de estas irregularidades.

El caso Quispe

  Extorsión A partir de un robo agravado que sufrió José Luis Cuenca, en 2014, se inició un proceso en contra del entonces fiscal Humberto Quispe, quien fue acusado de extorsión y abuso de autoridad. Tras conocerse públicamente el caso, otras personas aparecieron con más denuncias en su contra. Todas sumaron  30. La Fiscalía General lo destituyó, pero el fiscal que lo investiga no consideró aprehenderlo. Quispe dijo que  es un complot y que se postulará a la Fiscalía de La Paz.

Líos de terrenos

  Achumani Uno de los últimos casos por avasallamiento de terrenos se dio en Kellumani, en enero, cuando la dueña de un lote denunció que el fiscal que atiende el caso   hizo desaparecer el cuaderno de investigación. Un grupo de loteadores se entraron al terreno. Como este, hay decenas de casos similares en Irpavi II, Flor de Irpavi y en otros barrios. Las víctimas coincidieron en denunciar a los fiscales por asociación delictuosa,  porque éstos se beneficiaron con los lotes.

Policía asesinado

  El Alto El policía Modesto Mamani murió en abril de 2013. Dos de sus camaradas fueron investigados por el delito de asesinato porque una noche antes de su muerte estuvo con ellos y les contó que tenía 30.000 dólares para comprar un vehículo. El dinero desapareció. Después de casi dos años del deceso, dos efectivos están con detención preventiva, pero no inició el juicio. Durante la investigación, el fiscal Édgar Alarcón hizo desaparecer memoriales y evidencias del caso.

Muertes en Apolo

  Erradicadores Tres efectivos de la entonces Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y un médico murieron en una incursión de erradicación de coca en una comunidad de Apolo. La Policía detuvo  al menos a 17 comunarios y los acusaron de asesinato, pero su argumento se basó netamente en declaraciones de testigos. A la fecha, todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, la Fiscalía no presentó pruebas de los autores de las muertes y no se inicia el juicio oral.

Carlos Quisbert

  Cárcel El periodista de El Diario, Carlos Quisbert, fue detenido el domingo 8 de marzo luego de que intentar entrevistar a una de las imputadas del caso Alexander, en el penal de Qalauma. Los fiscales Marco Antonio Vargas y Rudy Terrazas lo imputaron por obstrucción a la justicia, aseverando que él indujo a la acusada a mentir. En menos de 48 horas fue enviado a la cárcel con detención preventiva. Sin embargo, un tribunal evidenció que hubo irregularidades, por lo que Quisbert salió libre.

El caso Alexander

Dudas El bebé Alexander, de ocho meses, murió en noviembre del año pasado por una hemorragia interna producto de una violación, según la autopsia. Pasaron casi cinco meses, hubo cambio de fiscales, de investigadores, pero hasta la fecha no se conoce quién abusó sexualmente y mató al pequeño. Los fiscales se contradijeron; la fiscal de Distrito Patricia Santos anunció que un examen de ADN revelaría al autor, detuvieron al médico J.F., pero no hay pruebas contra él.// Página Siete (BO)

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