18 may. 2015

Uno de los problemas más graves y que desencadena hacinamiento y violencia en las cárceles bolivianas es la cantidad de personas que no tienen sentencia, un porcentaje que asciende al 85% según el libro “Bolivia: Realidad Penitenciaria” publicado por la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia, perteneciente a Cáritas.

De acuerdo con la responsable del área, María del Carmen Michel, “la problemática es seria debido a la retardación de justicia penal lo que trae como consecuencia la vulneración de los derechos humanos”.

El informe expresa la vinculación entre retardación de justicia y la detención preventiva. La promulgación de la ley 007 realizó modificaciones en el código de procedimiento penal y eliminó el derecho de medidas sustitutivas a la detención preventiva para reincidentes, lo que ha desembocado, según Cáritas, en el incremento incontrolable del hacinamiento en las cárceles “que se llenan de personas detenidas en condición preventiva sin considerar su inocencia y culpabilidad”. 

Cárceles en BoliviaSegún los datos que arroja la investigación, la población penitenciaria se incrementó en los últimos años de 7.442 personas en 2001 a 14.272 en 2012. En los últimos nueve años se refleja un incremento del 134%. La capacidad de los penales del país es de 5.061 personas, sobrepasando el límite en un 326%.

Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Bolivia es el primer país latinoamericano en hacinamiento cuya población penitenciaria creció entre 2003 y 2012 un 134%. Según el organismo internacional en 2001 había un privado por cada 1.112 habitantes, y en 2012 existía uno por cada 728.

Los datos de los censos de 2002 y 2012 arrojaron el dato del crecimiento de la población boliviana en un 25,56%, mientras que la penitenciaria lo hizo en un 91,77%.

Otros datos de la Comisión ponen de relevancia la falta de recursos en los recintos penitenciarios del país, en los que citan la relación de un psiquiatra por 7.136 privados de libertad; un cocinero por 2.379; un odontólogo por 1.784; un trabajadora social por 1.189; un abogado por 1.098; y un médico por cada 1.019 reclusos.

Cáritas constató a través de la investigación que el pre-diario (con lo que se alimenta cada privado o privada de libertad) en unos recintos llega a Bs. 6,60 por día, una cantidad “que no logra cubrir de manera suficiente la alimentación de las personas, especialmente de los más pobres y abandonados en las cárceles”, según sus conclusiones.

Las enfermedades más recurrentes a causa de la falta de atención y el hacinamiento son VIH/Sida, tuberculosis, afecciones respiratorias, caries dentales y patologías gastrointestinales.

El 77% del total de las causas se concentran en cuatro delitos principalmente: robo 25%; ley 1008 de narcotráfico 24%; violación 19% y asesinato 9%.

Niños, niñas y adolescentes en medio del hacinamiento

A partir de la promulgación de la Ley Niña, Niño y Adolescente los niños mayores de 6 años fueron saliendo poco a poco de los recintos penitenciarios. Según la Defensoría del Pueblo todavía viven más de 1.400 menores dentro de las cárceles acompañando a sus padres, todos ellos en grave riesgo de sufrir violencia y explotación de todo tipo.

Sin embargo, destaca el informe de Cáritas que los menores de seis años que continúan viviendo dentro de los recintos penitenciarios no cuentan con las condiciones adecuadas para su desarrollo y seguridad. Además los mayores de seis años fueron incorporados a hogares sustitutos y estatales pero según el informe de Cáritas se están conociendo quejas de abandono y malos tratos por lo que poco a poco estarían retornando a los recintos penitenciarios por falta de seguimiento y acompañamiento.

“Los pequeños que no tienen la posibilidad de quedarse con otros familiares se ven obligados a pasar sus primeros años de infancia en este submundo, lleno de riesgos, componente que causa un impacto negativo en sus subjetividades, sus valores y en el posterior ejercicio de sus derechos”, asevera el informe.// El País online (COM)

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