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Una vez que las mujeres, hombres y adolescentes entran a la cárcel con detención preventiva (que aún no es sentencia), el Estado se desentiende de sus derechos a un juicio justo, a albergue suficiente y a presupuestos adecuados para su alimentación y su manutención dentro de los penales, según un estudio de Fundación Construir.

La indagación, a cargo de Susana Saavedra Badani, Rosario Bautista Canedo y Claudia Villca Alarcón, aclara entre sus conclusiones que “tras las puertas del ingreso a los recintos penitenciarios el Estado prácticamente se mantiene ausente y alejado de todos los problemas de vulneración a los derechos humanos y los estándares internacionales” para con esa población.

El estudio de caso se realizó con entrevistas a 93 personas (51 hombres y 42 mujeres) privados de libertad en situación de detención preventiva (sin sentencia ni condena) en los penales de Chonchocoro, San Pedro, Qalauma (para jóvenes), Centro de Orientación Femenina de Obrajes y Centro de Orientación Femenina de Miraflores ubicados en La Paz.

Cárceles en BoliviaUn primer dato que llamó la atención de las investigadoras fue la presencia de una menor de 14 años de edad en el COF de Obrajes, en mayo de 2014, cuando el Código de Procedimiento Penal establecía que la edad mínima de imputación es de 16 años. Desde julio de 2014 entró en funcionamiento un sistema penal para adolescentes de 14 a 18 años, aunque son posibilidad de ser recluidos en los mismos recintos penitenciarios de adultos.

Una de las razones para encerrar a las personas mientras se investiga el delito imputado es que éstas no puedan demostrar trabajo o domicilio conocido. Según las entrevistas un 25% tenía un trabajo estable al momento de ser imputado, aunque la mayoría (48%) por cuenta propia. El estudio dice que esto pone en desigualdad a los cuentapropistas “porque ellos no pueden obtener los medios que permitan presentar pruebas documentales de su actividad laboral” para defenderse en libertad.

Aunque una de las excepciones para la detención preventiva es para las mujeres embarazadas o con hijos lactantes, la investigación también verificó la presencia de privadas de libertad en esa condición, y advierte que se carece de estadísticas e información oficial para identificar con qué frecuencia sucede esta práctica.

Una vez dentro de la cárcel se verificó que un 44% de las internas e internos consultados desconocen el cuaderno de investigación de su proceso, un 27% carece de abogado defensor, un 10% está encarcelado por más de tres años sin sentencia, un 24% no recuerda cuándo fue su última sentencia, entre otros temas que hacen al proceso judicial de cada persona.

La investigación encontró incluso un caso de 60 meses (5 años) encarcelado y sin sentencia, otro caso de 57 meses, otro más de 52, dos de 43 meses, y así sucesivamente.

Vida en la cárcel

En cuando a su vida en el penal, solo un 72% sabe que existe un registro oficial al momento de ingresar al penal, donde están adjuntos todos los documentos que acreditan su situación procesal. Cuando entran al penal, el 70% declara haber recibido información sobre las normas y reglamentos internos.

29 de los 93 entrevistados declaran haber recibido violencia física, principalmente de los guardias de seguridad pero también de otros internos/as. Solo cuatro denunciaron la violencia.

Todos los recintos tienen un médico general, pero no una provisión adecuada de medicamentos. Para el caso de las mujeres embarazadas, ellas solo son asistidas por médico general y no tienen acceso a un ginecólogo.

Salvo para los internos de San Pedro, Régimen Penitenciario proporciona habitación a los y las privadas de libertad. Sin embargo, salvo para los adolescentes de Qalauma, en todos los casos son las mujeres y hombres presos quienes deben proveerse y garantizarse a sí mismos camas, colchones y mantas.

En cuando a la alimentación, casi todos declaran tener un desayuno, un té de la tarde y un plato fuerte en el día pero carecen de una cena.

Un 32% declara que sus familiares los visitan con la misma frecuencia que al inicio de su encierro, un 44% siente que disminuyeron sus visitas, un 2% dicen que ya no tienen visitas y un 22% prefiere no responder a la pregunta.// PIEB (BO)

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