La inversión extranjera directa (IED) en países de América Latina y el Caribe se redujo en un 16% en 2014, pero en Bolivia esa caída fue de un 63% a pesar de la presencia de
capitales transnacionales en el gas y el petróleo, y de la presencia del Holding
Cementero, según el documento “La inversión extranjera directa en América Latina
y el Caribe” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
“Después de dos años de recibir cuantiosas inversiones del exterior, la IED en el Estado Plurinacional de Bolivia sufrió en 2014 una caída del 63% y se situó en 648 millones de dólares. En los últimos años, una gran parte de las inversiones se han dirigido a los recursos naturales, en particular a los sectores del petróleo y el gas. En 2014, por ejemplo, PDVSA anunció que invertiría 200 millones de dólares en varios proyectos de exploración y producción”, dice el informe.
Fuera del sector de los recursos naturales, en diciembre, el
grupo peruano Holding Cementero se hizo con el control pleno de la principal
compañía fabricante de cemento en Bolivia (Soboce), al comprar el 51% de las
acciones que aún no poseía por un valor estimado de 300 millones de dólares. En
contexto de los últimos años, sin embargo, es más bien de nacionalizaciones y
desinversiones, consideradas flujos negativos de IED o reducción de ese
ítem.
Entre
los sucesos anotados por la CEPAL están: “La brasileña Petrobras y la francesa
Total vendieron su participación en el gran gasoducto Transierra por 133
millones dólares a la compañía energética boliviana de propiedad estatal YPFB,
que actualmente controla la gran mayoría de la infraestructura. En 2012 se
nacionalizó la mina Malku Khota. Su anterior propietaria, la compañía canadiense
TriMetals Mining, reclama una compensación de 386 millones de dólares a través
de un tribunal internacional de arbitraje. La empresa india Jindal Steel and
Power obtuvo de otro tribunal internacional un fallo favorable en virtud del
cual debía ser compensada con 22,5 millones de dólares por su participación en
el proyecto El Mutún. La compañía reclama además una indemnización de 100
millones de dólares más por daños y perjuicios”.
En términos generales, la CEPAL plantea que debido a la caída
de los precios de los productos básicos, que empezó con los metales en 2012 y se
extendió al petróleo en 2014, se produjo una considerable reducción de la IED en
el sector de los recursos naturales de la región. “Esto supuso un importante
cambio de ciclo, ya que la IED fue en gran medida responsable de la
reprimarización de algunas economías durante la década pasada”, dice el
documento.// PIEB (BO)
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