25 nov. 2015

Bolivia está a la cola en el “Índice de accesibilidad a la información judicial en Internet” (IAcc) que mide la transparencia del sistema de justicia en el continente. El país obtuvo un 26,38% en la evaluación del Poder Judicial y 0% en la medición del Ministerio Público.

El IAcc es elaborado desde 2004 por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en 34 países, con el objetivo de medir y promover transparencia en los poderes judiciales y ministerios públicos del continente americano. La medición del último informe se realizó de octubre a diciembre de 2014, hasta ese momento se evaluaron las páginas web de los poderes judiciales y ministerios públicos.

Bolivia está catalogada dentro del nivel “muy bajo” en su IAcc, junto con Guyana, Dominica Belice y Barbados, y cerca de Haití y Surinam cuyos sistemas de justicia carecen de páginas web para evaluar.

En la evaluación global, es decir de ambas instituciones, Poder Judicial y Ministerio Público, Bolivia obtiene un 15,83%, lo que la ubica en el estándar del índice de transparencia “muy bajo”. El cumplimiento se mide del 1 al 100%.
inJusticia en BoliviaEn cuanto a la evaluación del Poder Judicial obtiene un 26,38%, que significa que está particularmente con déficit en la publicación del agendamiento de audiencias; recursos físicos y materiales; presupuestos; y salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios relativos a los funcionarios judiciales. Entre 2012 y 2014, la publicación y actualización de sentencias se redujo de 71,6% a 6,67%, la publicación de estadísticas sobre causas aparece como nuevo factor en un 57,7% y también la publicación de concursos y licitaciones sube de 45% a 72%.

En la ponderación del Ministerio Público (Fiscalía), Bolivia alcanzó un 0%, lo que significa que sólo cumple con tener una página web y contar con un régimen de acceso que mide la gratuidad y el nivel de acceso a los servicios del sitio (por ejemplo, buscador de jurisprudencia, a estadísticas, etc.). En realidad en este caso obtuvo 20,14% menos que la anterior medición de 2012. El país cambió de categoría de “bajo” a “muy bajo” en este tema.

Para los poderes judiciales se ponderó la existencia de una página web; la publicación y actualización de sentencias; de reglamentos internos, acuerdos y/o instructivos; de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes; de agendamiento de audiencias; de recursos físicos y materiales; de presupuesto; de salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de funcionarios relevantes; de concursos y licitaciones para contrataciones; y el régimen de acceso. Cada uno de esos factores se desagrega en indicadores y variables para ser medidos. Para los ministerios públicos se toman en cuenta similares temas, con excepción del agendamiento de audiencias.

El IAcc se elabora con base en el fundamento conceptual del derecho de acceso a la información pública y, más específicamente, a los estándares de transparencia activa. Además pretende convertirse en una “herramienta que tiene por objeto promover la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), particularmente Internet, para el cumplimiento de la obligación estatal de poner a disposición de la ciudadanía información de carácter público desde la perspectiva de dos de las principales instituciones de los sistemas de justicia de la región: la judicatura y los ministerios públicos”.

Para acceder al informe completo, a un resumen ejecutivo o a la versión digital: http://bit.ly/1PEyT9q

// PIEB.com.bo
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