20 nov. 2015

Tras conocer la denuncia del Ministerio de Transparencia sobre un posible acto de corrupción en que incurrió un juez al pedir dinero para cambiar una imputación, ayer se conoció sobre la destitución de dos jueces y la secretaria del Tribunal Primero Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer, además de un fiscal, dispuesto tanto por el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado.

La decisión fue asumida luego de conocerse un video en el que el juez Barrientos exige el pago de una suma de dinero para cambiar la tipificación de un delito, ante el pedido de una madre cuyo hijo se encuentra con detención preventiva.

La encargada departamental del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, informó ayer que la Sala Plena emitió la resolución Nº 0303302/2015, que destituye sin goce de haberes a los jueces Marcelo Barrientos y Jorge Vizcarra, quienes según la filmación pidieron la suma de 15 mil dólares.

La Sala Plena ordenó, mediante nota, al juez de Tribunal de Sentencia, Juan Carlos Berrios, que destituya a la secretaria del juzgado Micaela Paola Avedari, quien forma parte del video, revisando la cartera y celular de la denunciante.
Justicia en BoliviaEn ese mismo tema, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó que Félix Marín fue destituido porque tenía un proceso de corrupción anteriormente, el cual es parecido al del video reproducido en los medios de comunicación y denunciado por el Ministerio de Transparencia.

Según Rollano, el video se constituye como indicio del hecho de corrupción, mismo que será remitido al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que sea sometido a una comparación y determinar si la filmación es original.

En tanto, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó desde la capital Sucre que sean citados los jueces implicados en la filmación a declarar, para hallar elementos de convicción, lo cual significa que se debe proceder con la imputación o rechazar la demanda.

VÍCTIMA
Después de brindar sus declaraciones informativas en la división de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen, Patricia Quenta, la mujer que grabó un video al destituido juez Marcelo Barrientos, en el momento en que le pedía una coima, reveló que inicialmente fue extorsionada por otra juez de La Paz.

Contó que su hijo está acusado de abuso sexual, caso que primero estaba en el juzgado de Lía Cardozo, quien, a través de su abogado defensor, le pidió nueve mil dólares, pero no pudo denunciar este primer hecho irregular por falta de pruebas.

Además, señaló que en tres oportunidades le ofreció “ayuda” y al final terminó pidiéndole dinero, 15 mil dólares primero y luego tres mil dólares, tal como se observa en el video.
“Mi abogado insistió a Barrientos para que se haga lo correcto y eso le molestó al juez”, recordó.
La denunciante afirmó que ahora teme por su vida porque hay muchas personas involucradas en este caso y en medio de su desesperación, incluso, pidió ayuda al presidente Evo Morales.
“Estoy temiendo por mi vida, por la de mi hijo y de mi familia, yo pido por favor a todos los jueces, fiscales, incluso al Presidente para que me den garantías todas estas personas (involucradas), yo no quería hacer esto (del video), pero ellos han actuado mal pidiéndome dinero”, apuntó.
Hace dos días, el juez del Tribunal Primero Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, fue denunciado por extorsionar a una madre de un imputado para cambiar el caso.

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, pidió ayer que el Ministerio Público investigue el caso del juez Barrientos, denunciado por extorsión y filmado cuando trataba de timar entre 15.000 y 18.000 dólares a una mujer.
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Legislativo exige sanciones drásticas contra jueces y fiscales corruptos

En 2015 varias reuniones se desarrollaron entre representantes del Órgano Judicial y miembros de las comisiones de Justicia al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con miras a la realización de una Cumbre de Justicia a nivel nacional, no obstante, se evalúa su postergación. Ante este panorama y luego de conocer el caso del juez Marcelo Barrientos que extorsionó a una ciudadana, asambleístas exigen sanciones drásticas al Ministerio Público.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, expresó su indignación ante el accionar del juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz. En esa línea, exigió a las autoridades del Órgano Judicial que actúen de inmediato sobre este caso.
CREDIBIIDAD
“Me da asco, me da profundo asco como a la mayoría de los bolivianos y bolivianas y exijo a las autoridades del Órgano Judicial que actúen de manera inmediata, si quieren recobrar la credibilidad por parte del pueblo boliviano. Un funcionario de la justicia en Bolivia no se puede burlar tan asquerosamente de los ciudadanos bolivianos”, subrayó.
En esa línea, la presidenta de los diputados destacó la enorme tarea que lleva a cabo la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil y del Código de Familias, así también apuntó que no todo el Órgano Judicial es culpable de los errores de unos tantos.

A su turno, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zavaleta, manifestó la urgente necesidad de reformar la justicia boliviana. “Hay que revisar varios temas en la justicia, desde leyes, pasando por la estructura misma de la justica y terminando en la formación de los abogados en Bolivia. Es un tema que estamos abordando y que va a llevar su tiempo”, dijo.

OPOSICIÓN
Al respecto, asambleístas de oposición aseguraron que la restructuración del sistema de justicia en el país debería ser prioritaria para el Gobierno de turno y no reaccionar sólo cuando se develan este tipo de irregularidades.

“El Concejo de la Magistratura no cumple con el objetivo de aplicar verdaderamente un orden disciplinario y sancionar de manera clara y contunde a los administradores de justicia corruptos, algunos hablan de la creación de un Contralor de la Justicia, para ello se necesita modificar la Constitución Política del Estado (CPE), el MAS no debería solamente, habernos llevado a reformar la CPE para habilitar la reelección de Evo Morales si no también para hacer modificaciones de la estructura del Órgano Judicial también, incluso se debería volver a discutir la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, puntualizó la diputada por Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares.

Por su parte, el diputado militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y parte de la Alianza de UD, Erick Morón, consideró que Bolivia se halla atrasada en temas de justicia, lamentó que los actuales mandatarios dejen de lado esta temática.
“El mismo presidente declaró que había un problema judicial y lo dejan a un lado y nos meten a un referéndum que no soluciona los problema de falta de institucionalización en el país. Seguimos avanzando con soluciones parche, nos entretienen con temas transitorios como es un referéndum que no soluciona la institucionalización que hace falta en el país, simplemente piensan en satisfacer ambiciones de continuismo en el poder”, refirió.
Luego de los últimos acontecimientos, el senador por UD, Yerko Núñez, cuestionó las declaraciones de la ministra de Justicia, Virginia Velasco que habría instruido investigar a la persona que grabó el accionar irregular del juez Barrientos.


A través de una Minuta de Comunicación remitida a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores recomendó al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, “ejercer actividades tendientes a garantizar que las denuncias por parte de las personas particulares gozaran de anonimato y de la protección del Estado, especialmente en casos de corrupción y extorsión vinculados a funcionarios públicos”.// El Diario.net
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