23 nov. 2015

La juez de Instrucción en lo Penal, Melania Lima, ordenó ayer la detención preventiva, en la carceleta de Patacamaya, de dos de los tres exjueces implicados en el caso del video de la coima y la secretaria en el Centro Penitenciario de Obrajes.

Todos acusados por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

José Marcelo Barrientos y Jorge Humberto Viscarra deben guardar detención en Patacamaya, un penal que funciona desde hace unos dos años y está destinado a detenidos preventivos nuevos.

Mientras tanto, la situación jurídica del juez René Ernesto Escobar, quien formaba parte del tribunal denunciado, aún quedó pendiente, pues sufrió una descompensación en la audiencia, reportó ABI. Se conoce que su audiencia de medidas cautelares sería fijada para hoy.
Justicia en BoliviaJunto a la secretaria, Micaela Alí, estas cuatro personas fueron procesadas luego de que una mujer filmara a Barrientos pidiéndole una coima de 15 mil dólares para favorecer a su hijo, acusado de violación.    

El viernes, todos ellos prestaron declaración en el Ministerio Público y fueron aprehendidos. Su audiencia de medidas cautelares se llevó adelante ayer de manera reservada.

Barrientos y Viscarra están imputados por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes; mientras que Escobar y Alí están acusados de cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.  

El fiscal departamental, Marcelo Rollano, anunció que se convocará al exfiscal Félix Marín, implicado también en el caso, para continuar con la investigación.

La representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, informó que se conformó un equipo para continuar las pesquisas. Recordó que, por testimonio de la víctima, otra juez está involucrada en el caso.  

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó que el Ministerio Público, brindará protección a Patricia N.N, la madre del acusado que se animó a filmar y denunciar a Barrientos.
“La mujer que denunció está siendo amenazada. En el Ministerio Público tenemos una Dirección de Protección a Víctimas y Testigos, que va desde la protección en su domicilio hasta el cambio de identidad, en algunos casos. Hay que proteger a estas personas”, afirmó ayer entrevistado en Bolivia TV.  
En el ámbito del Ministerio Público, el Fiscal General señaló que se asumió una política institucional de transparencia y depuración de malos administradores de justicia.

Recordó que en tres años se destituyó a cerca de 80 fiscales y una cantidad similar de asistentes y peritos o forenses del Instituto de Investigaciones Forenses que realizaban cobros o hacían certificaciones a pedido de partes.

Explicó que se empezó a trabajar con la Unidad de Investigación Patrimonial, que hace una revisión del patrimonio de los servidores públicos y la relación entre el monto que perciben con el patrimonio que cuentan. “Hay un cruce de informaciones de las declaraciones juradas con la revisión de información de Derechos Reales, la Unidad de Investigaciones Financieras y la ASFI”, sostuvo citado por ANF.

PARA RESOLVER LA CRISIS DE LA JUSTICIA BOLIVIANA
Guerrero: se necesita nuevo modelo de gestión
La Paz | Abi
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que la solución a la crisis que vive la justicia en Bolivia no pasa sólo por el cambio de personas, sino por generar un nuevo modelo de gestión.
“No se trata solamente de cambiar personas (...) pasa por una implementación de un nuevo modelo de gestión, hasta el momento tenemos un modelo arcaico”, dijo en entrevista con medios estatales.
En los recientes días estalló un nuevo caso de corrupción en la ciudad de La Paz donde un juez extorsionó a una litigante, quien lo filmó y lo denunció ante el Ministerio de Transparencia.

Ese hecho puso nuevamente en la mesa del debate la crisis de la justicia boliviana, que según Guerrero viene desde la época colonial, republicana y neoliberal, ya que la justicia quedó “anquilosada” en el tiempo, no pudo desarrollarse y es ahora una “asignatura pendiente”.

Guerrero cuestionó cómo hay quienes “se rasgan las vestiduras” cuando en otros tiempos la justicia estaba copada por la “partidocracia”.

Dijo que la retardación de justicia genera corrupción que involucra a jueces y fiscales, pero también a la Policía, que es la encargada de llevar adelante la investigación de los casos.

Agregó que los consorcios de abogados forman parte de la corrupción, de esa estructura carente de control, que hace que la población desconfíe del sistema judicial.  

Guerrero indicó que frente a esa situación surge la propuesta para una revolución de justicia, que deje de lado los “remiendos” y que afecte a la estructura misma del sistema.

“Desde el Ministerio Público enfrentamos la corrupción”, dijo, pero consideró que no es un trabajo de una sola institución sino de toda la cadena de operadores de la justicia.


En abril pasado, el Gobierno planteó una cumbre judicial para enfrentar la crisis del sistema, pero aún no hay fecha.// Los Tiempos.com
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