21 feb. 2016

La impunidad por delitos violentos y violaciones de Derechos Humanos sigue siendo un problema grave en Bolivia. El uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva atentan contra los derechos de los acusados y agravan la sobrepoblación carcelaria.

La Organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha presentado su 'Informe Mundial 2016', en el que se publica el análisis anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, donde se han analizado más de 90 países y territorios de todo el globo.

A pesar de su análisis a nivel global, llama la atención el caso de Bolivia, donde el gobierno del presidente Evo Morales ha generado un clima hostil para los defensores de los Derechos Humanos.

Otra de las preocupaciones de las que alerta HRW son las amenazas a la independencia judicial, la violencia contra la mujer y el trabajo infantil.
Derechos humanos en BoliviaImpunidades de abusos y delitos violentos: Bolivia ha juzgado solo a unos pocos funcionarios responsables de violaciones de Derechos Humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982. 

La falta de justicia ha llevado a que se produzcan linchamientos de ciudadanos o policías que se creía que eran responsables de delitos. En septiembre de 2015, un grupo de personas de El Alto ataron a un presunto criminal a un palo y le propinaron una golpiza que le causó la muerte. En la mayoría de los casos, los linchamientos quedan impunes.

Jurisdicción y abusos militares: Persisten los casos de violaciones de Derechos Humanos contra soldados. Entre enero y agosto de 2015 murieron cuatro soldados en establecimientos militares. Ninguna persona ha rendido cuentas por estas muertes.

Independencia judicial: Durante años, la corrupción, las demoras y la interferencia política han caracterizado al sistema judicial boliviano. En enero de 2015, el presidente, Evo Morales, anunció un nuevo proceso de reforma judicial, pero el gobierno aún no ha definido cuál será su alcance.

Condiciones carcelarias: Hasta junio, el 78 por ciento de los presos no habían sido condenados. El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios han agravado el hacinamiento y las condiciones deficientes en las cárceles. Hasta mayo, había 13.793 detenidos en cárceles, cuando su capacidad máxima es de 5.126 personas.

Defensores de derechos humanos: Numerosos defensores de DDHH sufren acoso y amenazas, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, algo que limita su capacidad de trabajar de manera independiente. En junio, Morales indicó que cualquier ONG internacional que "perjudique la exploración de los recursos naturales, se va de Bolivia".

Libertad de expresión: El gobierno de Morales ha arremetido reiteradamente en contra de periodistas, acusándolos de difundir mentiras y de distorsionar la realidad con intenciones políticas. En septiembre, el ministro de la presidencia acusó a los medios locales de participar en una conspiración internacional en contra de Bolivia y del presidente Morales.

Derechos indígenas: La Constitución de Bolivia de 2009 contempla garantías para los derechos de las poblaciones indígenas, incluida la propiedad colectiva de tierras, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de justicia indígenas.

Violencia de género y derechos reproductivos: Las mujeres e Bolivia siguen estando expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempla medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer.    Hasta abril de 2015, se recibieron cerca de 8.394 denuncias de violencia de género. En agosto ya se había producido 115 feminicidios desde el año 2013, de los cuales solo 10 habían sido condenados.    Las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos problemas para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, por ejemplo, a anticonceptivos o al aborto después de una violación.

Trabajo infantil: En 2014 se aprobó una ley que permite el trabajo de menores desde los 10 años, algo que viola estándares internacionales, convirtiendo a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el trabajo desde tan temprana edad. En febrero se denunció la existencia de 850,000 menores trabajando, en su mayoría con menos de 14 años.


Orientación sexual e identidad de género: Persiste la impunidad de actos de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. No se ha juzgado a ningún responsable por los asesinatos de más de 55 personas del colectivo LGBT ocurridos desde 2004. (Notimerica.com)
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