19 ago. 2016

El plazo para que los funcionarios públicos aprendan un idioma nativo feneció hace un año y los datos dan cuenta que solo el 10,8% de más de 350.000 cumplió con esa obligación. Para 2017 está prevista una inspección y sanciones para quienes no certifiquen su bilingüismo, porque es condición de acceso y permanencia en una fuente laboral pública.

La información fue proporcionada por el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. “Hemos acordado entre las instituciones que hacen al idioma que en 2017 vamos a comenzar a verificar en toda institución si evidentemente el servidor o la servidora pública habla el idioma. Puede tener algunas consecuencias (el no hacerlo) pero todavía no las estamos diciendo”, indicó a La Razón Digital.

No obstante, recordó que “ el idioma es condición de acceso a la fuente laboral y condición para su permanencia”.Idiomas originarios de Bolivia

Un reporte reciente da cuenta de que unos 38.000 funcionarios certificaron su conocimiento de al menos el nivel inicial de una lengua de una de las 36 nacionalidades que reconoce el Estado en la Constitución Política del Estado (CPE).

Cárdenas lamentó el poco interés de los funcionarios por cumplir este requisito, pese al plazo de tres años que feneció en agosto de 2015, según la Ley 269, de Derechos y Políticas Lingüísticas, promulgada en agosto de 2012.

“Han pasado los tres años y a nadie se le ha movido un pelo en el esfuerzo”, cuestionó la autoridad y destacó que el presidente Evo Morales haya cumplido con la disposición. Dijo que personalmente le escuchó hablar en quechua y aymara.

“Va a ser muy incómodo para mucha gente, que probablemente no le gusta el idioma, pero es la obligación del servidor público porque permanentemente están en contacto con el pueblo. Si hay gente que está trabajando 20 años y no sabe hablar el idioma, está infringiendo la ley, o sea puede ser causal de que suceda algo con su fuente laboral”, advirtió.

El artículo 234 de la CPE establece que para acceder a la función pública, uno de los requisitos es hablar al menos dos idiomas oficiales del país: el castellano y un idioma originario. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGP) y el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Cultura (IPELC), además del Ministerio de Culturas, propiciaron talleres sin lograr avances importantes.

Para lo que resta del año, el Viceministerio de Descolonización alista cursos en Santa Cruz y Potosí, regiones en las que hasta la fecha no se dictó ningún curso. “Va a ser más fuerte la capacitación”, sostuvo.

“Lo que estamos pidiendo es que las gobernaciones y los municipios de modo propio recuerden a sus servidores públicos que tienen la obligación de hablar un idioma nativo”, añadió. (16/08/2016)// La Razón

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