20 nov. 2016

Lunes 1 de abril de 2013. Centenares de policías cercan las instalaciones de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS)  en Villa Fátima, Pampahasi y El Alto, además de todas las represas y fuentes de agua que administra.  El gobierno  de Evo Morales anuncia la intervención de la operadora ante una "ineficiente gestión que la ha llevado al colapso”.

Así empezó un  proceso de intervención, inicialmente de seis meses, que hasta la fecha ha sido ampliado en cuatro ocasiones. En este tiempo cuatro gerentes interventores fracasaron en  la tarea de sacar de   la crisis que EPSAS heredó de sus antecesoras: Samapa y Aguas del Illimani.  El  quinto gerente interventor, Marcel Claure, asumió esta semana los problemas de una década y el reto de constituir una  nueva empresa metropolitana de agua.

"EPSAS es una empresa con varios problemas económicos, al grado de que el saldo en caja  no cubre ni el pago de una multa aplicada a Aguas del Illimani”, indicó en 2007 el primer  gerente de EPSAS (2007-2011), Víctor Rico, actual cabeza  de la fiscalizadora de aguas AAPS. 

Crisis del agua en La PazEn sus primeros cuatro años la empresa buscó financiamiento a partir de  créditos canalizados por el Gobierno  y donaciones de la Cooperación Europea. En 2011,   Rico dejó EPSAS concretando casi el 50% de las inversiones planificadas.

Sin embargo, la crisis no fue superada. En 2013 el entonces viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Rubén Méndez, informó que EPSAS tenía  una pérdida  de 130 millones de bolivianos, una  deuda por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas de 43 millones y un contrato con Samapa por el alquiler de su infraestructura de 67,4 millones. La autoridad atribuyó la debacle a  una  "incapacidad en el manejo” de la empresa.

Ante esta situación, la mañana del 1 de abril de ese año, la AAPS emitió un comunicado en el que daba cuenta de una intervención a la operadora de agua potable. Andrés Zegada fue posesionado como  interventor y los cuatro gerentes de la directiva fueron  cesados en sus funciones.

Esa primera intervención, fijada para seis meses, tenía tres misiones: auditar y convertir a  EPSAS en una institución pública; garantizar la gestión para su sostenibilidad económica y operativa; y, por último, el diseñar una nueva empresa metropolitana.

     Desde entonces el plazo de la intervención fue ampliado en cuatro ocasiones. El pasado septiembre, ocho alcaldes de los municipios de la región metropolitana de La Paz  aprobaron una  nueva ampliación de EPSAS por seis meses como mínimo y un año como máximo.

Desde el 2013, EPSAS ha estado bajo la gerencia de cuatro  interventores:  Andrés Zegada, Humberto Claure, Hugo Gómez y Rudy Rojas. Este último apenas cumplía su tercer mes de gestión cuando -el pasado miércoles- fue destituido por la crisis de agua en La Paz, que causa  un racionamiento del servicio a 94 barrios. En su lugar fue reposesionado Claure, el segundo interventor.

En su primera gestión, Marcel Claure había asumido el cargo tras la dimisión de Zegada, que no logró concretar  la municipalización de EPSAS  por falta de propuestas de las alcaldías.  "Ahora tengo la misión de trazar un plan ante la emergencia actual. Además, tengo un plazo de seis meses para cumplir con el traspaso del servicio de agua potable a una empresa municipal metropolitana”, señaló Claure tras su posesión del pasado miércoles.

Ante  la actual emergencia, autoridades nacionales y locales coinciden en la urgencia de poner  en marcha  la nueva empresa municipal y metropolitana. Ésta determinará la muerte EPSAS y, con suerte, el inicio de una nueva época.

Chacón: La municipalización es la salida a la intervención

El 20 de septiembre, la concejala Cecilia Chacón presentó ante el Concejo Municipal una propuesta para la municipalización del servicio de agua potable. Señaló que esta es la única solución  a la situación de intervención en la que EPSAS se encuentra hace tres años.

"Nuestra  propuesta se basa en la necesidad de dar una solución integral a la crisis  que se tiene en el servicio de agua potable, que lleva ya tres años intervenida”, dijo Chacón.

Manifestó que uno de los grandes  problemas de este proceso son las cortas gestiones transitorias de los interventores, que en tres años han llegado a cinco.   "Son gestiones cortas con cambios frecuentes    de interventores que ponen en riesgo el servicio”, aseveró.

Observó también que estas gestiones han sido caracterizadas por serios indicios de corrupción o malversación de recursos. Indicó que a través de  informe de la unidad de Auditoría de Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua  se  conoció que en el último  año  EPSAS incrementó sus contratos en un 30%.  

"Esto se hizo de manera injustificada  que presumen una mala gestión”, sostuvo.

Manifestó que antes de asumir el servicio se debe realizar una auditoría de EPSAS. "Quien vaya a asumir la nueva operación, sea Samapa u otra instancia,  tiene que hacer una auditoría integral  para conocer en qué condiciones se está entregando la empresa. No vaya a ser que sea una bomba de tiempo, como estamos viendo ahora, y que las consecuencia las vaya a tener que asumir dentro de seis meses, un año o más el próximo operador”, observó Chacón.// Página Siete

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Herencia de la edil Samapa y la privada Aguas del Illimani

La empresa Samapa (Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) fue creada  el 20 de abril de 1966,  bajo estricta tuición de la Alcaldía de La Paz. Su figura era la de una  empresa pública descentralizada con personería jurídica propia y autonomía de gestión operativa y de administración. 

Tres décadas después, con el argumento de una gestión ineficiente sin capacidad para conseguir inversiones en miras a la mejora y ampliación del servicio, la comuna firmó la privatización del servicio. En julio de 1997   Aguas del Illimani, del grupo AISA, se adjudicó el servicio.

La concesión por 30 años estaba sujeta a un monto de inversión de la empresa y su compromiso de dar un  servicio de calidad a precios accesibles. En  los predios de Samapa, Aguas del Illimani trabajó con cuatro plantas de potabilización, una planta depuradora, una red de agua potable de 2.304 kilómetros y una red de alcantarillado de 1.602.

En 2006, tras  la Guerra del Agua de Cochabamba  y una eventual crisis económica de Aguas del Illimani, el entonces flamante presidente Evo Morales    determinó  que el agua no podía están en manos privadas. Casi a la fuerza,  el Gobierno  retoma el control de la empresa. 

El 3 de enero de 2007 el FNDR firmó  un contrato de fideicomiso para desvincular a  Aguas del Illimani. Para este proceso  el Ministerio de Hacienda emitió bonos por 5,5 millones de dólares.

  La CPE prohíbe que los servicios estén en manos  privadas. Sin embargo, a la salida de Aguas del Illimani   la nueva empresa EPSAS se constituyó como sociedad anónima con una licencia especial de seis meses. A ese término debía ser intervenida, pero pasaron cinco años antes que se concrete esa situación.// Página Siete

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