Un estudio del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos -denominado  "Veto publicitario, veto a la libertad de expresión”-  revela que la publicidad o  propaganda estatal es utilizada  como un mecanismo económico que busca la censura y autocensura de los medios de comunicación y de los periodistas. 

Esta situación  afecta el derecho a la información de la sociedad, establece el trabajo  que fue elaborado por el periodista Andrés Gómez.

Otra de las  conclusiones del texto indica que  el gobierno de Evo Morales y otros de la  región  usaron -y usan- el dinero público para atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información de línea progubernamental.

Censura a medios en Bolivia  Así lo admitió el vicepresidente Álvaro García  el 11 de agosto de 2015, cuando acusó a cuatro organizaciones no gubernamentales de mentir y hacer política partidaria. En esa oportunidad, también comunicó que el Gobierno no dará publicidad a los medios de comunicación que hagan actividad del mismo tipo.

"Y lo decimos abiertamente, hay medios que mienten, hay medios que no informan, sino que hacen política partidaria, entonces  ¿para qué darle a Doria Medina si ya le sobra la plata? ¿No le parece ilógico dar  plata a Doria Medina?”, sostuvo  García Linera al relacionar a algunos medios con el líder de la opositora  Unidad Nacional.

  De acuerdo al estudio, los gobernantes justifican el veto publicitario con el argumento de que los medios de comunicación "mienten, no defienden los intereses nacionales, son partidos políticos, hacen campaña política, no son independientes”.

El documento también recuerda que la ministra de Comunicación, Marianela Paco, sostuvo que "denuncian asfixia y al mismo tiempo quieren ser independientes (...) Si son independientes, no deberían sujetarse a una dependencia económica”.

La decisión del Gobierno vulneró la Carta Magna y dos leyes.  Entre ellos está el artículo 106, numeral III, que establece que el Estado garantiza a los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

  En ese sentido -indica el trabajo-  los autores del veto publicitario afectan ese derecho de los periodistas, porque ante las acusaciones y justificaciones vetan también su acceso a fuentes oficiales y a la información pública, lo que afecta a la vez a la sociedad, que tiene derecho a recibir información de diversas fuentes.// Página Siete

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