En Bolivia sólo existirán 20.000 hectáreas de coca en zonas catastradas de los Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba hasta el 2012; ésa es la meta que se trazó y propuso alcanzar el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
“Actualmente hay 30.900 hectáreas de cultivos. Nuestro plan de gobierno es reducir a 20.000 hectáreas en todo el territorio, creo que lo haremos en un máximo de dos años. Es decir, entre esta gestión y la próxima (2012) vamos a llegar a esa meta”, sostuvo.
Aseguró que para llegar a la meta de reducir las 10.000 hectáreas, en los próximos meses se concluirá la delimitación de las áreas de cultivo de plantaciones de hoja de coca para que, de ahí en adelante, haya un “control efectivo” basado en un catastro, para evitar otros cultivos.
En este sentido, explicó que en el trópico de Cochabamba ya están demarcadas las provincias, federaciones cocaleras y centrales donde “únicamente” se va a aceptar un cato (1.600 m2 de cultivo) de coca. En los Yungas de La Paz, agregó, se corroborarán las zonas legales según la Ley 1008 (de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas).
Cero. “Se reconoce como zona legal a Nor y Sud Yungas, Inquisivi, Apolo, Muñecas y Murillo. De estas provincias se ha delimitado el 70%. Nos falta la provincia Muñecas y Murillo. Una vez concluidas, el resto será coca cero y erradicación forzosa”, declaró.
Según Cáceres, en pocos meses, desaparecerán los cocales de los parques nacionales de la provincia Yapacaní (área forestal El Choré) del departamento de Santa Cruz; Larecaja, en la provincia Bautista Saavedra; Alto Beni, Palos Blancos, Ixiamas y el parque Madidi, en la parte norte del departamento de La Paz.
Para el efecto, dijo que trabajan con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), entre policías y militares, para terminar, antes, con la delimitación y, después, mantener bajo control los cultivos en toda Bolivia.
El año pasado, el Ministerio de Gobierno informó que se erradicaron 8.200 h de coca “sin recurrir a la violencia”. Este año señaló que ya pasan las 1.300 hectáreas de coca excedente e ilegal y que se pretende mejorar lo eliminado el 2010.
Durante el año pasado se conoció que el Gobierno estaba analizando la modificación de la Ley 1008 en dos partes. La primera, para revalorizar la hoja de coca en su estado natural y, la segunda, para penalizar el cultivo ilegal de la planta, la producción de droga y su tráfico.
Las autoridades prevén que para el uso tradicional se necesitan 20.000 hectáreas del arbusto, 8.000 más de lo que establece la Ley 1008, aprobada en julio de 1988. La modificación dependerá de un estudio nacional sobre el consumo de la coca en su estado natural que todavía no concluyó.
Un convenio con EEUU
En la reunión preparatoria para la VII Comisión Mixta Brasil-Bolivia sobre drogas, realizada entre el 17 y 18 de febrero, se incluyó el proyecto trilateral Brasil-Bolivia-EEUU que se empleará dentro del área de la cooperación para la erradicación y racionalización de los cultivos de hoja de coca.
“Con la cooperación y asistencia técnica, analizamos un proyecto piloto para la verificación y cuantificación de cultivos de hoja de coca en todo el territorio nacional, utilizando instrumental de topografía digital y ya no de manera manual”, informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
Añadió que, con la tenencia de un software y equipos sofisticados con tecnología digital, se va a conocer en tiempo real cuántos cultivos se están erradicando en las zonas donde está prohibido plantar la hoja.
En ese marco, dijo que, al hacer un trabajo integrado, ya no habrá discrepancias entre las mediciones que tienen el Gobierno o el proyecto (F-57) de las Naciones Unidas con las conclusiones a las que llega anualmente EEUU en temas de erradicación de cultivos ilegales.
“A estas alturas, y en pleno siglo XXI, el diálogo y la concertación tienen que funcionar entre los gobiernos responsables. A estas alturas, no se puede discrepar o manejar datos que no se compatibilizan”, declaró.
Para avalar el proyecto llegará este lunes el Ministro de Justicia de Brasil, quien firmará un memorándum de entendimiento, una vez concluya el análisis técnico.
La Razón
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