En Iquique venden vehículos ilegales y enseñan a burlar controles

Los vendedores de vehículos se lavan las manos a lo Pilatos. “Yo te vendo el auto ‘chuto’ y vos te la arreglás con la transportadora”. Eso dicen algunos comerciantes que están instalados en la avenida de 300 metros de largo de la zona franca de Iquique que es exclusiva para que los bolivianos hagan sus negocios, ya sean ‘sucios o limpios’, pero negocios al fin. 

En ese espacio de Iquique saben que los motorizados cuya fabricación data de más de cinco años tienen vetado el ingreso a Bolivia porque desde enero de 2009 está vigente el Decreto 29.836 que así lo establece. También saben que la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados que el presidente Evo Morales, promulgó el 8 de junio solo contempla la legalización a los que ya se encuentren en territorio boliviano y cuyo plazo fatal de registro vence mañana.

Pese a ello, el rentable negocio de la venta de motorizados que se estima mueve más de $us 100 millones al año en Iquique no solo que no se detiene, sino que tiene montado un sistema para evadir los controles en la frontera y hasta enseñan a los compradores una estrategia para que puedan transportar al vehículo indocumentado hasta el garaje de su casa.
En toda la zona existen más de 90 puestos de venta. La mayoría ofrece rodados usados, repuestos también de segunda mano y otros el cambio de la dirección del motorizado de la derecha a la izquierda. 

Los que ofrecen los vehículos están sentados o parados en los portones de las tiendas y cuando ven a alguien con intenciones de hacer negocio, salen al paso y dicen: “¿Qué vehículo quiere?”. Si la respuesta es uno que sea modelo 2007 para abajo, inmediatamente responden: “Hay que ‘chutearlo’. Eso quiere decir que hay que sacarlo de Chile por la vía del contrabando, burlando controles, perforando aduanas, abriendo caminos, pagando choferes y coimeando en las trancas. 

Las instrucciones para ese operativo las dan las oficinas donde también se realizan los trámites para introducir legalmente vehículos a Bolivia cuyo modelo no sea superior a los últimos cinco años. El negocio de los ‘chutos’ es subterráneo.

Una funcionaria habla despacio. Explica que hay varias opciones para contrabandear. Una de ellas consiste en comprar el vehículo, meterlo a un taller para modificarle la dirección, sacar una patente chilena para manejarlo hasta la frontera y que una vez se llegue a la línea limítrofe de Colchane estará esperando un chofer que conoce todos los caminos inventados por los ‘chuteros’, que sabe en qué trancas pagar coimas y que estará dispuesto a manejar el motorizado ilegal dentro de Bolivia. Todo por 800 dólares, más gastos de gasolina en el mercado negro (donde el litro se vende a Bs 8), comida para el conductor y 200 dólares para repartirlo en diferentes controles. En esa avenida de 300 metros hay por lo menos cinco oficinas donde realizan trámites para que los motorizados comprados en Iquique puedan salir de Chile. En otra de estas oficinas, la encargada recomienda que es mejor contratar a una empresa que transporta vehículos en tráiler. En esos casos, cuenta, no es necesario adquirir una patente chilena, ni cambiar el volante a la izquierda. Pero advierte que una vez el motorizado es bajado del tráiler en la frontera con Bolivia, de ahí en adelante hay que pagar a un chofer (cuyo contacto es posible hacerlo desde Iquique), para que pueda transitar por Bolivia sin ser detectado por los militares que forman parte del Plan Cerrojo que está aplicando el Ministerio de Defensa de Bolivia. 

Afuera está una mujer que se llama Aida. Ella está renegando. Se queja de que la han engañado, que una empresa de trámites le hizo creer que iba a introducir un auto Toyota modelo 92 a Bolivia sin problemas. Pero la realidad la ha golpeado. Dice que logró llegar hasta Colchane, pero que como no encontró chofer disponible, tuvo que retornar a Iquique, donde ahora está deambulando tratando de vender el motorizado. “Yo recomiendo que la gente compre un auto legal, aunque sea un poco más caro, pero vale la pena”, ruega.
En las oficinas donde enseñan cómo burlar la frontera, afirman que doña Aida tuvo mala suerte y que las técnicas para introducir un vehículo ‘chuto’ a Bolivia casi nunca fallan.

En la calle Esmeralda se abren y cierran los negocios de Bolivia
La calle Esmeralda de Iquique es una pequeña Bolivia. Los bolivianos que llegan a ese jirón chileno se instalan en un alojamiento y luego se dirigen a la zona franca, donde ejecutan sus técnicas para consumar algún negocio, o se quedan ahí para esperar a la gente con la cual deben cerrar negocios. 

En las últimas semanas, especialmente después de la  promulgación de la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, la compra y venta ha concentrado el interés de quienes llegan hasta esa calle, que es conocida como la zona de los bolivianos.  
Tan famosa es la calle Esmeralda en Iquique que los vendedores de vehículos incluso llegaron hasta ahí para ofrecerlos en las puertas de los alojamientos. “Parece que toda Bolivia se ha venido a Iquique”, dice un taxista chileno que tiene su parada en la esquina de Esmeralda.

En esa calle hay locutorios y de ellos gente entrando y saliendo. Algunos piden que les hagan un giro de dinero porque el dinero no alcanzó para comprar la vagoneta Mitsubishi. También hay oficinas donde se venden boletos para viajar a Oruro en bus, casas de cambio para comprar pesos chilenos y modestos hoteles en cuyas puertas de entrada dice: “No hay espacio por saturación de huéspedes”.   

Durante el día, la calle Esmeralda es una de las más seguras de Iquique, porque mientras el sol no se vaya, el movimiento comercial no se frena y porque en una esquina patrullan tres policías.
Pero al caer la noche despiertan los negocios de la diversión y abren sus puertas los salones de bailes y los prostíbulos subterráneos.
En la madrugada se escuchan amenazas de muerte de pandillas a caminantes incautos, gritos de hombres ebrios que denuncian haber sido dopados por muchachas en biquini, y a perros que ladran a las pandillas que amenazan batirse a duelo de navaja.

Ya suman  90.000 los registrados
La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, informó de que a dos días del cierre del registro de los automóviles indocumentados, ya son 90.000 los vehículos registrados, de los cuales 9.001 fueron observados y su documentación debe ser revisada por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos.

La autoridad, en declaraciones a un canal de televisión, manifestó que el sistema de registro está listo y que entre el sábado y el domingo se publicará en la prensa escrita la lista de los vehículos que serán nacionalizados a partir del 4 de julio.
Por su parte, el responsable de la Dirección de Prevención Contra el Robo de Vehículos (Diprove), Jorge Saravia, indicó a Erbol que su unidad no está en la capacidad humana y técnica para llevar adelante el proceso de inspección de los rodados a ser nacionalizados en 90 días.

Según Saravia, Diprove dispone de un promedio de 12 técnicos por capital de departamento, que estiman inspeccionar 70 unidades por día. Sobre la base de 90.000 vehículos a nacionalizar y considerando 108 técnicos en todo el país, cada uniformado deberá inspeccionar 833 unidades.

De acuerdo con la ley de amnistía de motorizados ilegales, los interesados tienen un plazo de 90 días para cumplir con todos los requisitos que exige la Aduana Nacional para la nacionalización.
Ante esa limitación, el jefe policial, expresó que se solicitará ampliar el plazo para cumplir con todo el proceso de inspección.
Por otra parte, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo que de confirmarse la nacionalización de 100.000 vehículos indocumentados, el Gobierno recibirá $us 300 millones, recursos que le servirán para cubrir el déficit fiscal de esta año, que supera los $us mil millones.

El Deber

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