Tipnis: Policías amenazan con motín si hay sanciones por represión en Yucumo

Esposas y expolicías ingresaron ayer jueves en estado de emergencia en sus filas ante posibles sanciones a los efectivos que intervinieron la marcha del TIPNIS el 25 de septiembre, anunciadas por el Gobierno en señal de descargo ante la opinión pública sobre denuncias de violación a los derechos humanos de los indígenas.

El Presidente de la Asociación Nacional de Expolicías, Juan Carlos Soraide, informó en conferencia de medios de comunicación que no permitirán procesos administrativos a policías de bajo rango, porque antes de la intervención, se tejió una orden de mando que comienza desde el Comandante General, Subcomandante, y así sucesivamente, hasta llegar al policía.

Soraide salió al paso ante la reiteración del nuevo Ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, quien ratificó el anuncio de su antecesor Sacha Llorenti de presentar una lista personalizada de los policías que participaron del operativo en el campamento de Chaparina, para demostrar que su autoridad ni el Presidente Evo Morales dio la orden de intervenir.

El expolicía considera que no cambiará la relación con el nuevo Ministro porque "es otro cordero vestido de lobo" y "no vamos a permitir que se procese a los policías rasos, mientras los jefes de Alto Mando no estén sometidos a la Ley 101 que el mismo Gobierno ha redactado. Ya debían estar en proceso sin goce de haberes como dice la 101".

"Nuestros camaradas de manera contundente han declarado un estado de emergencia a nivel nacional", remarcó al dar cuenta que el miércoles algunos Comandantes de unidades ofrecieron cambios de destino a diferentes de Departamentos, separándoles de sus familia, para eludir una eventual sanción.

Aseguró que de consumarse las sanciones, "la familia policial en su conjunto, estamos hablando en 95 por ciento, en octubre por decisión propia de ellos votarán nulo y la papeleta la van a destrozar".

Esposas amenazas con juicio a Evo

La dirigente de las esposas de Policías, Guadalupe Cárdenas, al ratificar el estado de emergencia, expresó la molestia con el Gobierno porque llevó a la tropa, al cabo, policía raso, al sargento, al suboficial como "carne de cañón" y luego de mandarlos a intervenir, los dejó a su suerte con un viático de 20 bolivianos por día, después de haberlos utilizado para enfrentar a los indígenas, afirmó.

"Si a uno de estos policías, el señor Presidente los quiere enjuiciar, los quiere dar de baja o los quiere procesar, sí va haber amotinamiento", manifestó al acusar a Evo Morales de ser responsable de la intervención.

Cárdenas anunció que iniciarían un juicio a Evo Morales "por haber mandado directamente a la muerte a sus esposos", porque pudo haber enfrentamiento con los indígenas del TIPNIS.

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COB decide voto castigo al Gobierno en octubre por reprimir a indígenas

Pidieron a Morales instruir dura sanción contra el exministro Sacha Llorenti, y otras autoridades, tal como lo hizo con autoridades de oposición.

La Central Obrera Boliviana (COB) instruirá a sus organizaciones afiliadas emitir en las elecciones judiciales del próximo 16 de octubre un voto castigo como respuesta a la represión policial contra la marcha indígena en defensa del TIPNIS y por la no atención de los acuerdos suscritos en abril.

"Será un voto castigo de los trabajadores a nivel nacional", manifestó el dirigente sindical Octavio Urquizo, quien informó que la determinación fue asumida tras evaluar el paro nacional y anunció que la medida será ratificada en ampliado nacional convocado para este viernes ,a las 14.30 horas, en su sede central.

La COB es la segunda organización que se pronuncia por el voto castigo de manera orgánica, la primera entidad fue Asociación de Expolicías ante el anunció del Gobierno de iniciar un proceso penal a los efectivos policiales que participaron en la violenta intervención contra la marcha indígena.

Por otro lado, el dirigente pidió al Presidente Evo Morales instruir una dura sanción contra el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y otras autoridades de su Gobierno, tal como lo hizo con autoridades de oposición.

"Con la misma vara que midieron a los opositores también tienen que hacer con los responsables de la intervención, tienen que estar ajusticiados", afirmó Urquizo al rechazar la determinación del Gobierno de sólo sancionar a los policías subalternos cuando la responsabilidad es de todo el Ejecutivo.

A consideración del dirigente el Presidente Morales no actúa de manera consecuente porque sólo pide disculpas pero no revela los nombres de las autoridades que emitieron la orden de intervención. "Los culpables no son los mandados y el culpable para nosotros es el Poder Ejecutivo", concluyó.// Jornada

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García: No hay consulta para la construcción de carreteras

El vicepresidente Álvaro García afirmó que la Constitución no establece la consulta previa a pueblos indígenas para la construcción de carreteras. Además criticó la decisión indígena de rechazar el diálogo y continuar la marcha hacia La Paz, cuando se suspendió el proyecto por el TIPNIS.

La autoridad explicó que la consulta previa a los pueblos indígenas no es procedente para la construcción de carreteras. Dijo que este mecanismo se ejecuta sólo en exploraciones mineras e hidrocarburíferas.

El texto constitucional en el artículo 30, parágrafo II, numeral 15, establece que los pueblos indígenas tienen derechos “(...) En ese marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

En el Legislativo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) también interpreta que la consulta no es procedente para la construcción de vías.

No obstante ello, haremos una consulta, insistió. El presidente del Senado, René Martínez (MAS), explicó que la consulta a los pueblos indígenas del   Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) no será vinculante.

“(La consulta) puede ser interdepartamental, intermunicipal o en las comunidades del lugar para ratificar o no la construcción de la carretera”. Para el presidente de Diputados, Héctor Arce (MAS), “no hay una correcta interpretación de la Constitución, ya que la carretera no es un recurso no renovable”.

Los indígenas iniciaron el 15 de agosto, desde Trinidad y con rumbo a La Paz, una marcha en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, porque uno de sus tramos pasa por el corazón del TIPNIS. El Gobierno suspendió el proyecto que pasa por el parque nacional, tras la violenta intervención policial a la marcha.

En consecuencia, afirmó García, no existe razón para continuar con la marcha o rechazar el diálogo. “El tema central de la marcha ya fue resuelto. Ya se anunció que las actividades de construcción se paralizan.

Entonces, ¿cuál el motivo de seguir la marcha? Si el motivo es para emerger un nuevo candidato político, díganlo. Si querían desgastar la imagen del Gobierno, ya lo hicieron”, cuestionó el Vicepresidente.

El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, informó que los indígenas se organizarán para reiniciar la marcha hacia la sede de gobierno. Aunque no dio una fecha, explicó que la columna saldrá de Quiquibey, localidad que divide a los departamentos de La Paz y Beni.

“A pesar de la brutal represión tenemos la convicción de llegar a La Paz. No tenemos miedo a las acciones que pueda tomar el Gobierno, nuestra marcha es pacífica y pide no vulnerar nuestros derechos”, afirmó Vargas. Luego de la represión, la marcha indígena quedó dividida. Un grupo se quedó en San Borja y el otro fue trasladado por la Policía a Rurrenabaque.

Artículo de convención  de la OIT

El inciso a) del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales prevé que se debe consultar “a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados (...) cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Quiroga señala que existen irregularidades en licitación

El expresidente Jorge Quiroga presentó ayer  un informe de la Contraloría del Estado que identifica "una decena" de violaciones en el proceso de licitación para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, entre ellos el incremento del costo de la obra. Pidió anular el contrato.

Quiroga, en conferencia de prensa, dio a conocer que la Contraloría en un informe emitido a mediados del 2010 identificó que el proceso para la construcción de esta carretera se llevó "al revés", pues no se habrían cumplido las etapas pertinentes, aunque el Gobierno sostiene que todo el proceso se hizo de acuerdo a ley.

La Administradora Boliviana de Caminos (ABC) estimó un monto de 620.000 dólares por kilómetro para la carretera y un total de 189.720.000 dólares por la obra total de 306 kilómetros. Sin embargo, según los documentos a los cuales tuvo acceso Erbol, la obra subió, en un primer momento, a 1.425.587 dólares por kilómetro y posteriormente se quedó en 1.347.400.

El vicepresidente Álvaro García respondió que la ABC explicó en su oportunidad las razones de las características y precio de la obra caminera que unirá Cochabamba y Beni. Quiroga  presentó otro informe del exsenador Jorge Aguilera (2009), en el que se rechaza la construcción de esa carretera.

Solón reclama coherencia a Evo

Mediante una carta, el exembajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pablo Solón, pidió al presidente Evo Morales suspender “definitivamente” la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y ser consecuente con los principios de defensa de la Madre Tierra.

“Aún es posible resolver esta crisis si se suspende definitivamente la construcción de la carretera a través del TIPNIS. Llevamos a la justicia a los responsables de la represión a la marcha indígena e iniciamos un amplio proceso participativo de debate nacional para definir una nueva agenda de acciones en el marco del Vivir Bien”, escribió Solón a Morales.

También observó contradicciones  en el discurso del Gobierno ante  la comunidad internacional.

“Debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No se puede hablar de defensa de la Madre Tierra y al mismo tiempo promover la construcción de una carretera que hiere a la Madre Tierra, no respeta los derechos indígenas y viola de manera ‘imperdonable’ los derechos humanos”, expresó el exdiplomático.

La exautoridad, que renunció a su cargo hace tres meses, dijo que es “incomprensible” promover la realización de una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas para el 2014, “si no somos vanguardia en la aplicación de la ‘consulta previa, libre e informada’ a los pueblos indígenas dentro de nuestro propio país”.

Bolivia “debería ser el ejemplo ante el mundo de defensa a la Madre Tierra, más aún como país impulsor del Día Internacional de la Madre Tierra”, refiere Solón en carta pública enviada a Morales.//  La Razón

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El TSE no descarta evaluar la crisis social

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, no descartó la posibilidad de que esta institución analice los efectos que tendrían los conflictos sociales que atraviesa el país en el proceso eleccionario, especialmente con la crisis por el camino por el TIPNIS.

“El lunes nos reuniremos en Santa Cruz para considerar puntos del proceso y otras actividades administrativas. Y es posible que en esa reunión toquemos el tema de los problemas sociales”, dijo.

En los últimos días, aprovechando la violenta intervención policial de la marcha de originarios que defiende el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), sectores políticos y sociales aumentaron campañas por el voto nulo para los comicios judiciales del 16 de octubre.

Dos candidatos, entrevistados por este diario, dijeron que vieron afectada su participación en medios y se quejan de que el interés de la población gira en torno al TIPNIS y no a sus candidaturas. Miembros de la Policía anunciaron que un 90% de sus camaradas votará nulo en estos comicios, como reacción a la intervención policial en la marcha por el TIPNIS.

En Beni, dirigentes indígenas también anunciaron que sus bases no votarán en estas elecciones judiciales, porque en la intervención policial del domingo les quitaron sus pertenencias, entre ellas sus documentos de identidad. “No hemos pensado ni se ha tomado en cuenta ninguna posibilidad de suspender o postergar el proceso electoral”, aclaró Ovando. //  La Razón

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