El dirigente de los indígenas, Adolfo Chávez, informó de que la marcha “se fortalece” con la incorporación de un grupo de 38 indígenas que llegaron ayer desde el TIPNIS y la zona guaraní de Santa Cruz. Para hoy está previsto que se adhieran 90 indígenas.
“Estamos sumándonos a la marcha, en la tarde de hoy podrían llegar otros más. Como hermanos nos apoyamos, somos parte de ellos y llegaremos con ellos a La Paz”, indicó Elizabeth Andoari, quien añadió que será un grupo considerable el que arribe a la sede de gobierno, por el ritmo de adhesión.
La columna deberá pasar por Caranavi, población de colonos opuesta a la movilización. Ante la eventualidad de conflictos, Chávez sostuvo que remitieron cartas a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia para que garanticen el libre tránsito por la zona de los colonos.
“Solicitamos garantías para la columna de la marcha por todo lo sucedido desde el 25 de septiembre (intervención policial) hasta lo que pasó en la comunidad de Inicua, donde hubo personas que nos insultaron”, señaló el dirigente de los indígenas.
La Policía intervino el domingo 25 la marcha en Yucumo. Una semana después, los indígenas reanudaron la movilización en rechazo a la construcción de una carretera que pretende cruzar el TIPNIS.
El dirigente de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (Fapcca), Richard Quispe, expresó que hoy se reunirán, precisamente, para definir el bloqueo que impida que los indígenas avancen a la ciudad de La Paz.
“Nosotros en ningún momento vamos a darles un buen recibimiento (a los indígenas)”, advirtió.
Representaciones de diferentes sectores llegaron ayer a la marcha con víveres. El Comité Cívico del Beni y la Juventud del CIDOB trasladaron ayuda en cuatro camiones desde Santa Cruz y Trinidad. Dirigentes vecinales de Caranavi también entregaron agua y frazadas. Juan José Villalobos, uno de los vecinos, señaló que consiguieron 800 firmas de los pobladores en respaldo a la movilización de los indígenas.
Delicado estado de salud
El indígena Wilson Melgar, de 70 años de edad, que participó en la marcha en defensa del TIPNIS, podría quedar parapléjico por los golpes que recibió en la represión policial. A Melgar le diagnosticaron un cuadro de embolia, que se complicó con el preinfarto que sufrió en la intervención, reportó la red Erbol.
Gobierno habría pedido a la embajada usar un avión
Según fuentes militares consultadas por Erbol, el gobierno de Evo Morales solicitó ayuda, desde el Palacio de Gobierno, a la Embajada de Estados Unidos para trasladar a marchistas indígenas desde Rurrenabaque a Trinidad el 26 de septiembre, tras la violenta represión policial de Chaparina.
Las fuentes aseguran que el Ejecutivo buscó apoyo de la NAS (Sección Antinarcóticos Estadounidense) con el objetivo de utilizar el avión Hércules C 130, de propiedad del gobierno de Washington.
Supuestamente, el pedido se registró después de que las autoridades fracasaron en su primer intento de transportar a los marchistas vía terrestre, debido al bloqueo de caminos que llevó adelante el movimiento cívico de San Borja en solidaridad con los indígenas.
Los vehículos de transporte público, contratados por el Poder Ejecutivo, no consiguieron romper el corte de ruta en la capital borjana. Una orden del Ministerio de Gobierno determinó el desvío de los buses hacia Rurrenabaque con la finalidad de habilitar un puente aéreo hasta Trinidad.
Las fuentes consultadas por Erbol indicaron que hubo momentos de alta tensión, debido a los problemas que se presentaron en el operativo de desmovilización de la marcha indígena.
Ante la imposibilidad de trasladar a los marchistas por tierra, funcionarios de alto rango tampoco pudieron acceder a aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). La única opción era utilizar el Hércules de la NAS norteamericana, reporta el portal de Erbol.
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Defensor ve que operativo violó seis derechos
Seis derechos instituidos en la nueva Constitución Política del Estado fueron violados en la intervención policial a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), informó el defensor del Pueblo, Rolando Villena. La conclusión es parte de una investigación en curso.
Los derechos de los indígenas vulnerados son la seguridad, la integridad física y psicológica, la asociación, la libre expresión, la propiedad privada y el libre tránsito por el territorio nacional, detalló la autoridad.
Mencionó que, por ejemplo, los policías entraron a propiedad privada para detener a los marchistas. “El predio donde hubo la intervención policial tiene dueño, pero no ha habido una orden para decir ‘estamos con esta orden judicial y permítannos incursionar en ese predio’”, señaló.
Un contingente de al menos 500 efectivos intervino la marcha que acampaba en un predio el domingo 25, en Yucumo, Beni.
Los caminantes fueron sometidos a golpes, maniatados y amordazados con cinta adhesiva, mientras que los gases lacrimógenos disparados hicieron que niños y mujeres huyan al monte, ocasionando, en muchos casos, que los niños se separen de sus madres. Villena inició una pesquisa sobre lo sucedido el domingo 25 y sostuvo que los resultados se entregarán a la Fiscalía para apoyar su indagación.
El Defensor rechazó formar parte de una comisión investigadora de alto nivel que pretende formar el Gobierno, bajo el argumento de que, según las normas legales, debe encaminar una indagación independiente.
Las ministras de Transparencia, Nardi Suxo, y de Justicia, Nilda Copa, visitaron ayer a Villena. Suxo indicó que la reunión fue para establecer “vías de colaboración” para que la Defensoría realice una pesquisa objetiva e imparcial sobre lo sucedido.
Suxo solicitó acelerar la investigación para que los resultados apoyen la indagación de la comisión de alto nivel. Villena informó que hasta el 14 de octubre entregarán un primer informe.
Exministra acusa a Villena de parcializarse
La exministra de Justicia Celima Torrico acusó ayer al defensor del Pueblo, Rolando Villena, de no ser imparcial en la investigación que su oficina efectúa sobre la violenta intervención policial a los marchistas indígenas del TIPNIS el 25 de septiembre.
"También ha sido agredida una periodista de Bolivia Tv. ¿Qué ha dicho el Defensor del Pueblo o Derechos Humanos? Si quiere ser una autoridad imparcial, tiene que ser una autoridad para todos y no parcializarse", declaró Torrico a radio Panamericana.
La exsegunda vicepresidenta de la Dirección Departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba (2006-2007) dijo que las instituciones convocadas por el presidente Evo Morales para formar una comisión investigadora de alto nivel deben terminar de constituir el mecanismo lo antes posible. Invitó a representantes de la ONU, OEA y la Defensoría.
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UN FUNCIONARIO DEL GOBIERNO ESTUVO EN LA INTERVENCIÓN
En la intervención policial a la marcha indígena estuvo presente el director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, quien consultado en ese momento sobre el operativo afirmó que la “autoridad correspondiente daría una conferencia”.
“La autoridad correspondiente va a dar una conferencia de prensa más tarde”, respondió en tres oportunidades el funcionario del Ministerio de Gobierno ante la insistencia del periodista sobre informes de los eventuales heridos. Esta es la primera vez que se muestran imágenes en las que se observa a algún funcionario del Gobierno en pleno operativo.
Hasta el momento sólo se contaba con información oficial de que el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, en el mismo lugar de los hechos, tomó la decisión de intervenir. La información la proporcionó el exministro de Gobierno Sacha Llorenti el 28 de septiembre, poco antes de dimitir al cargo.
Farfán afirmó el 29 de septiembre que todos sus actos como autoridad respondían a “instrucciones emanadas de la instancia superior”, y negó que haya ordenado una acción de las características que se dio.
Villegas, en las imágenes difundidas ayer, insistentemente asegura que “la autoridad va a dar una conferencia”, sin mencionar el nombre ni el lugar de la conferencia de prensa. El Director de Régimen Interior fue hombre de confianza de Llorenti. Estuvo presente en casos como el de terrorismo y la detención de jueces y fiscales vinculados con corrupción.
El periodista también logra entrevistar en el lugar de los sucesos al subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz. “Vamos a llevarlos a sus distritos de donde han venido. Hemos contratado vehículos y las camionetas que estamos utilizando están a su disposición”, respondió la autoridad policial cuando se le consultó sobre el destino de los detenidos.
Un documento entregado a la prensa por la dirigencia de la marcha indígena revela, justamente, la planificación del operativo y la contratación de 10 buses para el traslado de los detenidos a sus lugares de origen.
El representante regional de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, informó que la Policía tenía la orden de detener a 40 dirigentes y trasladarlos hasta La Paz.
El presidente Evo Morales y otras autoridades afirmaron reiteradamente que no hubo instrucción política para la acción policial del domingo 25, que fue cuestionada por sectores de la sociedad por la violencia usada.
Morales denunció el lunes que policías opuestos a su gobierno buscan dañar su imagen con lo que pasó en Yucumo. No mencionó nombres ni rangos, y dijo que una misión de alto nivel establecerá responsabilidades.
Chávez demanda disciplina
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, aseguró que trabajará para cambiar la imagen de la Policía, y demandó a los uniformados disciplina y respeto a los mandos superiores. Exhortó a mantener una "disciplina inquebrantable de respeto a los mandos superiores, junto a un trabajo que vele por los derechos humanos".
La posición se da en momentos en los que voceros de los uniformados amenazan con motines si se procesa a alguno de los policías que participó de la intervención a la marcha indígena en Yucumo, Beni, el domingo 25. Chávez, quien reemplazó en el cargo a Sacha Llorenti, no hizo ninguna referencia a los hechos registrados en Yucumo.
La autoridad recordó que la conservación del orden interno es el mandato central que tiene la Policía. "Para ello, pido que la disciplina sea inquebrantable. El respeto a los mandos superiores, este respeto —afirmó— debe estar combinado con la actuación vinculada a la defensa de los derechos humanos”.
El comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, exhortó a los uniformados a "guardar respeto, disciplina, consideración y subordinación a la investidura del nuevo Ministro de Gobierno". Es la primera vez que participó en un acto público, tras los hechos del domingo.
Chávez aseguró que "respetará y fortalecerá la institucionalidad, además de dar un apoyo sostenido al equipamiento”.
Evo dice que en grupo opositor están oficiales
Un día después de que afirmara que un grupo de policías opuestos a su gobierno busca dañar su imagen, el presidente Evo Morales fue más específico ayer y aseguró que son algunos oficiales los que están tras esta acción, mientras que en filas del MAS afirman que desconfían de la institución del orden.
“Creo que hay algunos oficiales de la Policía que no nos quieren; maltratan a unos (indígenas) para echarnos la culpa”, afirmó Morales en un acto de entrega de nueve pozos de agua en Taraco, La Paz. Un contingente de al menos 500 policías intervino con violencia la marcha indígena el domingo 25, en Yucumo, Beni. Morales afirmó ayer que no hubo instrucción política para esta acción.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Isaac Ávalos afirmó que no hay confianza en la Policía. “No todos los policías son santos”, sostuvo y consideró que los uniformados buscan dañar la imagen del Presidente, porque “están resentidos”, ya que se les quitó los trámites de Identificación y de Licencias de Conducir.
El diputado masista Edwin Tupa dejó en manos de la comisión de alto nivel, de la que el Gobierno espera formen parte las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos, la investigación sobre los hechos de violencia en Yucumo y el establecimiento de responsabilidades.
Mientras que la oposición, a través de las bancadas de Convergencia Nacional (CN), Alianza Social (AS) y Unidad Nacional (UN), solicitó a través de la presidencia de la Cámara de Diputados un informe oral a los ministros de Gobierno, Wilfredo Chávez, y de la Presidencia, Carlos Romero, para que den a conocer el nombre de quién instruyó la intervención.// La Razón
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Gobierno pidió un avión a EEUU durante la crisis
El gobierno de Evo Morales solicitó ayuda, desde el mismo Palacio de Gobierno, a la Embajada de Estados Unidos para trasladar a marchistas indígenas desde Rurrenabaque a Trinidad el pasado 26 de septiembre, tras la violenta represión policial de Chaparina. Fuentes militares confirmaron a Erbol que el gobierno buscó apoyo de la NAS (Sección Antinarcóticos Estadounidense) con el objetivo de utilizar el avión Hércules C 130, de propiedad del gobierno de Washington.
El pedido de auxilio se produjo después que las autoridades gubernamentales fracasaron en su primer intento de transportar a los marchistas vía terrestre, debido al bloqueo de caminos que llevó adelante el movimiento cívico de San Borja en solidaridad con los indígenas.
Los vehículos de transporte público, contratado por el Poder Ejecutivo, no consiguieron romper el corte de ruta en la capital borjana. Una orden del Ministerio de Gobierno determinó el desvío de los buses hacia Rurrenabaque con la finalidad de habilitar un puente aéreo hasta Trinidad.
Las fuentes consultadas por Erbol dijeron que hubo momentos de alta tensión, debido a los problemas que se presentaron en el operativo de desmovilización de la marcha.
Ante la imposibilidad de trasladar a los indígenas por tierra, funcionarios de alto rango tampoco pudieron acceder a aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana. La única opción era utilizar el Hércules de la NAS-norteamericana.
El pedido del Palacio de Gobierno para transportar a indígenas fue rechazado por las autoridades de la NAS, debido a que los aviones Hércules solo pueden utilizarse en operativos antidroga o en situaciones de ayuda humanitaria.
Vanos fueron los intentos de Erbol para conocer la versión oficial del ministro de Comunicación, Iván Canelas, (durante dos días su secretaria reiteró que se encontraba en reunión) ni del comandante de la FAB, Tito Gandarillas, en tanto que desde la Embajada de Estados Unidos hubo un lacónico “no coments (“sin comentarios”). Antes de tomar la decisión de pedir un favor a la legación diplomática norteamericana, el gobierno intentó sin éxito utilizar aviones militares bolivianos. Fuentes castrenses señalaron que acceder a aviones de la FAB implica lograr autorización mediante telefonemas o radiogramas firmados a partir de una solicitud expresa./ Erbol.
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El gobierno busca dividir a organizaciones
La Paz. El Gobierno cambia de estrategia para debilitar la marcha de los indígenas de tierras bajas. Las autoridades comenzaron a dividir a las organizaciones que apoyan a la movilización, como el Conamaq o la APG, para socavar la base social de la protesta.
La marcha de los indígenas, que se opone a la construcción de una carretera que atravesará por el centro de el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), comenzó su recorrido el 15 de agosto en Trinidad, y el Gobierno intentó desvirtuarla desde esa fecha.
El presidente Evo Morales recibió ayer por la mañana a representantes de los ayllus del Norte de Potosí que representan a un sector disidente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y que desconocen como apu mallku a Sergio Hinojosa y a Rafael Quispe como su representante. El kuraq mallku Virgilio Huanca aseguró que desconocía a las autoridades de su organización por prestar apoyo a la marcha de los indígenas de tierras bajas.
La APG. El 27 de septiembre, el Gobierno anunció una reunión con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en Urundaytí, a 15 kilómetros de Camiri.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, informó el domingo que logró acuerdos con la APG, pero, de inmediato, el presidente de esa organización, Celso Padilla, desmintió ese extremo y lo acusó de buscar la división de los guaraníes.
Padilla anunció que un grupo de 20 guaraníes se unieron a la marcha por el TIPNIS y que los firmantes del mencionado acuerdo con el Gobierno serán sometidos a proceso.// La Prensa
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SOBRE LA CARRETERA
García: El costo será ‘un poco más caro’ y OAS define trazo
El vicepresidente Álvaro García explicó que el costo de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos será “un poco más caro” porque su diseño está a la par de la construcción. Además, informó de que la empresa constructora OAS define el trazo de la carretera.
Afirmó que el modelo de contrato “llave en mano” con la constructora hace que el precio sea “un poco más caro, porque se incrementa (el costo) de algunos ítems”. Explicó que se optó por esta modalidad para que se acelere las obras, ya que un estudio para una obra de estas características toma al menos dos años.
Los detalles surgen como parte de la respuesta a las denuncias del jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, quien afirmó que la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es una de las más caras, que tendrá 209 kilómetros de puentes y que las controversias serán tramitadas en Brasil.
García, en conferencia de prensa, respondió que la carretera tendrá tres kilómetros de puentes, que el costo está por debajo de tres carreteras, y que cualquier controversia emergente del contrato de crédito, efectivamente, será tramitada bajo leyes brasileñas porque no es una inversión.
También reconoció que la empresa contratada buscó financiamiento, que luego contrató el Estado boliviano en la medida que es una obra pública.
El Vicepresidente explicó que, por las características del contrato llave en mano, la “obra se va diseñando a medida que se va avanzado”. En consecuencia, el trazo de la carretera la define OAS. “Ha avanzado el tramo I y III, ¿cómo será el tramo II? aún no está definido. Le corresponde a OAS (definir el trazo)”, explicó.
La carretera, que unirá Cochabamba y Beni, consta de tres tramos. El segundo tramo es cuestionado por indígenas del TIPNIS, que realizan una marcha exigiendo que la obra no pase por el territorio que habitan.
El presidente Evo Morales, tras la violenta intervención policial a la marcha indígena en Yucumo, Beni, anunció la paralización del proyecto en el área que defienden los marchistas. García aseguró que iniciarán obras en la zona una vez que se llegue a un acuerdo entre los sectores interesados.
Morales informó, en un acto de entrega de pozos de agua en Taraco, La Paz, que los recursos de la carretera serán redireccionados a otras obras si la consulta resulta contraria a la decisión del Gobierno. Los indígenas insisten en que la vía no pase por el TIPNIS.
DENUNCIAS
-Sobreprecio en la construcción de 306 km de carretera. Presunto sobreprecio por km lineal de
$us 812.000.
-Extensión y número de puentes: 209 km lineales de puentes; sólo quedan 97 km lineales de carretera.
-Contrato de financiamiento fija que toda controversia será sometida a leyes y tribunales brasileños en violación al art. 320 de la CPE
JUAN DEL GRANADO
-La carretera tiene 306 km lineales y un costo de $us 415 millones; entonces, cada km cuesta $us 1,3 millones. Denunció que existe un sobreprecio por km de 812.000, tomando como referencia otros proyectos carreteros.
-De los 306 kilómetros lineales de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, 209 son puentes, o sea más del 60% de la carretera son puentes; esto, por supuesto que eleva grandemente el costo del contrato.
-La adjudicación y contratación de la carretera a la empresa OAS, por parte de ABC, fue sin contar con financiamiento propio. Esto constituye una flagrante violación y atropello a la Constitución Política del Estado y a las leyes.
ÁLVARO GARCÍA LINERA
-Rechazó la denuncia de sobreprecio y negó que sea la carretera más cara. La más cara es Cotapata-Santa Bárbara, con $us 3,6 millones por km. Hay otras 3 vías que han costado más por km lineal que la que se puede construir.
-Ni en China hay una carretera que tiene 209 kilómetros de puentes. ¿De dónde se ha inventado o quién se lo ha hecho el trabajo? Aseguró que tres de los 306 kilómetros de la carretera serán puentes.
-El art. 320 dice que toda inversión extranjera se someterá a leyes y autoridades bolivianas. Una carretera ¿es una inversión extranjera? No. Lapsus que devela que en el fondo Del Granado quiere privatizar las carreteras, dijo.
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MSM reconoce que incurrió en un error sobre los puentes
El Movimiento Sin Miedo (MSM) reconoció que incurrió en un error cuando denunció que en la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos construirán 209 kilómetros de puentes, pero reafirmaron las denuncias acerca de sobreprecios y que el Estado contrató el préstamo para la empresa brasileña OAS.
La posición la hizo conocer el diputado del MSM Fabián Yaksic, tras la conferencia de prensa del vicepresidente Álvaro García, quien aclaró que el costo de la vía está por debajo de otras tres, que en cuestión de créditos rigen normas brasileñas en caso de controversias, y que el Estado contrató el crédito para la empresa OAS porque es una obra pública.
Yaksic reconoció que, evidentemente, “hay un equívoco” en lo referido a los puentes pero atribuido —dijo— a un informe de la Contraloría sobre la vía. Insistió en que “haría bien el Gobierno en instruir a los funcionarios de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) aclarar cómo se ha determinado el precio base de contratación del proponente”.
El precio base debió estar por los $us 200 millones, pero de ninguna manera llegar a los $us 415 millones. “Esas son las cosas que deberían esclarecerse”, insistió el legislador.
El diputado dijo que el precio de esta vía no se puede comparar con el de Cotapata-Santa Bárbara, por la corrupción que caracterizó a esta obra paceña. García consideró que es necesario investigar los costos de los puentes Trillizos de La Paz.// La Razón
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Vice justifica sometimiento del contrato a leyes de Brasil
En una solicitada publicada en un diario local el domingo pasado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) justificó que el contrato entre los estados de Bolivia y Brasil, para la construcción del camino entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, esté sometido a leyes brasileñas. El vicepresidente Álvaro García Linera respaldó ayer la argumentación de la ABC.
La cláusula 22.1 del contrato establece: “Este contrato y las obligaciones resultantes serán regidos e interpretados en conformidad con las leyes de la República Federativa de Brasil”.
La número 22.2 menciona: “Es elegido el foro de la ciudad de Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, para dirimir cualesquier controversias resultantes de este contrato con la exclusión de cualquier otro”.
En la mencionada solicitada, la ABC señala que estas cláusulas no son violatorias de la Constitución Política del Estado, como han señalado varios críticos, y justifica su inclusión en el contrato. “El artículo 320 de la CPE se refiere a las inversiones de empresas extranjeras; en cambio aquí no se trata de una inversión de una empresa extranjera”.
Pese a lo mencionado en las dos cláusulas referidas, la ABC señala que “como se establece en el contrato, la relación contractual con la empresa OAS está sometida a las leyes y autoridades nacionales”.
Según la agencia gubernamental ABI, García Linera considera que el artículo 320 de la Carta Magna señala que toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y las autoridades bolivianas, pero dijo que ese precepto no rige para la construcción de la carretera, porque no es una inversión privada de la empresa OAS.
El Movimiento Sin Miedo, Unidad Nacional y Concertación Nacional, además de abogados y dirigentes sociales, criticaron que se haya incluido esas cláusulas.
La internacionalista Roxana Forteza explica que a la hora de negociar un contrato internacional, como en este caso, los países firmantes deciden “voluntariamente la jurisdicción a la cual someterse” ya sea la suya o la del otro país firmante del acuerdo.
En ese marco, considera que los negociadores de Bolivia del contrato con Brasil estuvieron de acuerdo en que éste sea legislado por leyes brasileñas, lo que en el fondo denota una “falta de coherencia” del discurso del Gobierno. El ex presidente del BCB, Armando Méndez, explica que siempre es “el acreedor (en este caso, OAS) es el que pone las reglas del juego, ya que está en medio su dinero”, y en ese sentido sostiene que cualquier banco busca “asegurarse”, que cuando otorga un crédito, éste sea devuelto. Dijo que esto no es de extrañar.
Las cláusulas del contrato
Legislación La cláusula 22.1 del contrato entre Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social y el Estado Plurinacional dice que ese “contrato y las obligaciones resultantes serán regidos e interpretados en conformidad con las leyes de la República Federativa de Brasil”.
Jurisdicción A su vez, la cláusula número 22.2 de ese contrato establece que: “Es elegido el foro de la ciudad de Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, para dirimir cualesquier controversias resultantes de este contrato con la exclusión de cualquier otro”.
Punto de vista
“Pareciera que el discurso choca con la realidad”
Juan Carlos Núñez - Director de Jubileo
Estamos llegando a un momento en el que pareciera ser que el discurso del Gobierno sobre la soberanía está chocando con la realidad. El BNDES busca el desarrollo de Brasil y en esa idea se asientan las características de los contratos que firma. En el caso de Bolivia, en el contrato de crédito, ese banco es el “exportador” de bienes y servicios, y nuestro Estado el “importador” de los mismos. Más allá de aquello, la particularidad de ese tipo de créditos –llamados de crédito vinculado- afectan pues a la soberanía.
Pero ese tipo relación contractual del BNDES no es sólo con Bolivia. En otros países también se observa la vulneración de su soberanía.
Por ejemplo, en la auditoría de deuda que se hizo en Ecuador (2006-2007) se determinó que el BNDES tiene condiciones de sometimiento hacia los países, en sentido de que si te presta el dinero, te condicionan a que contrates una empresa del propio país con el mismo crédito que se otorga.
Ese informe concluyó con la existencia de indicios de ilegalidad y de anatocismo, que es especulación con los recursos en temas de ilegitimidad de la deuda, lo que incluso derivó en un proceso de arbitraje.
Por eso considero que se debe hacer una auditoría de deuda en Bolivia, para conocer esos detalles que son sumamente importantes para transparentar la gestión pública.// Página Siete
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