La Sede de Gobierno debe pagar un alto precio por ser el centro del poder político del país. Cada movilización social que no es atendida en su momento por las autoridades del Ejecutivo, confluye luego en paros, marchas y bloqueos en la ciudad de La Paz exigiendo atención de parte de las autoridades del Gobierno central.
La respuesta inmediata de mandatarios y ministros llega con un discurso político, tal como sucedió en las anteriores semanas, cuando productores cañeros, vecinos de El Alto, familiares de las víctimas de la dictadura, indígenas de Tierras Bajas y médicos comenzaron sus movilizaciones.
Los cañeros fueron sindicados de ser parte de la derecha o ser aliados de partidos políticos de oposición, mientras la anunciada marcha del TIPNIS ya fue “atacada” desde el oficialismo, tratando de desacreditar a su dirigencia. En el caso de los familiares de desaparecidos en dictadura, el Gobierno apeló al Ministerio Público para desactivar la medida de protesta.
Las llamadas “tensiones dinámicas” nombradas por el vicepresidente Alvaro García Linera, hace más de un año, señalan que el Estado siempre enfrentará a sectores corporativos que buscan solución a sus intereses particulares, situación que es parte del avance en el proceso de cambio.
Sin embargo, antes de la gestión gubernamental, las autoridades actúan emitiendo criterios politizados en un discurso que dilata las soluciones, mientras la ciudadanía, especialmente en La Paz, debe “ahogarse” con cada movilización.
El analista Edwin Quiroz dijo que la actitud del Gobierno muestra debilidad, porque pretende restar legitimidad a las organizaciones movilizadas; hecho que contrariamente, fortalece a los sectores porque la ciudadanía observa la inacción gubernamental y apoya a maestros, médicos, indígenas, personas con discapacidad, vecinos o cualquier otra movilización.
“Lo único que pretende el Gobierno es buscar el descrédito de la protesta al catalogarla de política. Lo único que busca es restarle la base de legitimidad que puedan tener estos movimientos”, dijo y agregó que es tarea de las autoridades dar solución a los conflictos con acciones y no discursos, porque esa es su función como administradores del Estado.
En contrapartida, dijo, el partido en función de Gobierno actúa de manera eficaz cuando se trata de reivindicaciones de organizaciones que sí tienen una militancia activa en el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Lo contrario sucede cuando es manejado desde el propio Gobierno, que manejan grupos sociales que sí tienen altamente carácter político, porque busca el rédito, el apoyo del aparato estatal”, expresó.
Desde el año 2006 a 2009, durante el primer mandato del gobierno de Evo Morales, la población dio un espacio de “tregua social” en la relación entre el Estado y los movimientos sociales. La convocatoria a una Asamblea Constituyente y la elaboración de la nueva Carta Magna fue posible gracias al denominado Pacto de Unidad, que se conformó como la base del partido que asumía el Gobierno con amplia mayoría.
En 2010, el fallido gasolinazo fue el detonante para que el MAS pierda su “cohesión monolítica”, como citaba García Linera, abriendo las puertas a las demandas sociales que fueron característica de anteriores gobiernos. La misma Central Obrera Boliviana (COB) optó por dejar la “neutralidad” y exigió retroceder al Gobierno en esa polémica decisión.
Los sectores campesinos, representados por el Conamaq y los indígenas con la Cidob, durante ese año y posteriormente con la defensa del TIPNIS, generaron una alianza que logró apoyo popular en una movilización que dejó de ser sectorial para convertirse en nacional, ante la inacción del Ejecutivo que con ataques políticos, no pudo frenar el ingresó de este sector a Plaza Murillo.
DATOS
• La ciudad de La Paz se ve “ahogada” cada vez y con mayor frecuencia con movilizaciones de sectores corporativos que no reciben atención gubernamental oportuna.
• Médicos, productores cañeros, familiares de víctimas de la dictadura y otros sectores convulsionaron la Sede de Gobierno la anterior semana.// El Diario
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