La Cámara de Senadores aprobó el viernes el proyecto de Ley contra Avasallamiento y Tráfico de Tierras y castigará a los infractores con pena de cárcel de 3 a 8 años, con la agravante en un tercio de pena cuando el que cometa los delitos sea servidor público o reincidente.
La nueva norma permitirá al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales, y castiga a los infractores con hasta 8 años de cárcel.
Los juzgados agroambientales y en material penal son instancias competentes para conocer y resolver los casos de avasallamiento.
Además, el desalojo se realizará vía jurisdicción agroambiental de acuerdo a un procedimiento, en el que se promocionará, primero, el desalojo voluntario en un plazo no mayor de 96 horas sin acción penal y de no resultar este, el desalojo se hará con auxilio de la fuerza pública de ser necesario y con la sanción a los responsables del avasallamiento y tráfico de tierras.
Los responsables de los avasallamientos y de tráfico de tierras no podrán ser beneficiarios de la distribución de tierras por 10 años.
La norma establece que ningún extranjero podrá adquirir tierras del Estado, los predios “que no tuvieran antecedentes agrarios” no serán reconocidas, pero las que sí y cumplan la función económica social serán reconocidas.
Cámara de Diputados sanciona Ley contra el avasallamiento que contempla procesos abreviados
El Proyecto de Ley contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras fue sancionado en sesión plenaria este sábado por la Cámara de Diputados y se remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La promulgación se registró cuando el reloj marcaba las 13.50, luego de un debate de cerca cuatro horas. Se prevé modificar el Código Penal incorporado nuevos tipos penales contra el avasallamiento y tráfico de tierras en el área urbana y rural.
Entre sus principales medidas, la normativa establece procesos abreviados para combatir el avasallamiento y el tráfico de tierras. Estos estarán a cargo de los juzgados agroambientales y penales, cuyos procedimientos de desalojo serán de un máximo de cinco días a partir de la fecha de la recepción de la denuncia.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, informó que se trata de un “proyecto que va a resolver, al fin, el tema de avasallamientos, no sólo en lo rural sino también en lo urbano, pero además de una forma abreviadísima”.
La normativa también incorporará al Código Penal las figuras del “tráfico de tierras”, consistente en el arriendo, negocio o donación, la compra-venta, permuta de tierras individuales o colectivas ajenas. Estas acciones tendrán penas de privación de libertad de tres hasta ocho años.
La ley tiene por objeto establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierra.
La figura del avasallamiento consistirá en cambio en la invasión y ocupación de hecho, total o parcial, de tierras o inmuebles ajenos, individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado. Quienes cometan estas acciones serán sujetos a penas de privación de libertad de tres a ocho años.// Oxígeno (BO)
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