El 50% de los funcionarios de las instituciones públicas son "consultores en línea”, que sufren la vulneración de sus derechos laborales, denunció el defensor del Pueblo. Recomendó a la Asamblea Legislativa redactar una norma que regularice esta situación.
"En septiembre de 2013, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Juan Carlos León, aseguró que más del 50% de trabajadores municipales son consultores en línea”, afirmó ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en la presentación del informe defensorial sobre la naturaleza y vulneración del derecho a la igualdad de las y los consultores individuales de línea.
"Si consideramos que ese año la Dirección del Sistema de Gestión, Información Fiscal reportaba 23.000 servidores en el municipio, tenemos a 11.500 consultores en línea tan sólo en las alcaldías”, afirmó Villena.
El porcentaje de consultores en línea es similar en las gobernaciones, ministerios y otras instituciones públicas, explicó el defensor. Sin embargo aclaró que no tiene registros oficiales desde 2009, cuando la Defensoría del Pueblo registró a 2.700 consultores que prestaban sus servicios en entidades públicas.
Villena explicó que el cargo de consultor en línea fue creado inicialmente para aquel profesional que ingresaba a la administración pública con el fin de prestar un asesoramiento técnico, basado en su formación especializada.
Sin embargo, en el último tiempo el consultor cumple actividades profesionales, técnicas y administrativas recurrentes en la institución. Ello incide directamente en la naturaleza jurídica de su relación con el Estado.
Vulneración de derechos
Según Villena, el informe presentado por la Defensoría muestra la naturaleza y vulneración del derecho a la igualdad de las y los consultores individuales de línea. "Evidencia, además, una desigualdad irrazonable que viola la prohibición de discriminación prevista constitucionalmente y desarrollada en la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y los instrumentos internacionales de derechos humanos”, aseguró.
Con esos argumentos, el defensor del Pueblo recomendó a la Asamblea Legislativa elaborar una norma que regule la situación laboral de los consultores en línea. Mientras tanto, sugirió la creación de ítems en las instituciones públicas para que se asimilen a esos trabajadores.
Villena también pidió al Ministerio de Economía presupuestar recursos para que los consultores tengan los derechos sociales de todos los servidores públicos (aportes a la seguridad social, aguinaldo, vacaciones, etcétera) y al Comité Nacional contra el Racismo que implemente políticas públicas de lucha contra la discriminación de este sector.
Hay confusión de las leyes vigentes
De acuerdo con el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en el país hay una confusión de las normas vigentes que ocasiona que no se reconozcan los derechos de los trabajadores.
"Existe una clara contradicción y confusión en las normas vigentes en Bolivia. Éstas tratan de eliminar los elementos esenciales de una relación laboral a fin de no reconocer derechos, pero al mismo tiempo establecen deberes como la exclusividad, la dependencia y la jerarquía”, sostuvo.
Las normas -según el defensor- también permiten un contrato administrativo para los trabajadores en línea, pero a su vez les imponen obligaciones propias de los servidores públicos.
Villena resaltó que entre los derechos vulnerados de estos trabajadores prima la remuneración, que es baja, ya que ahora el Estado limita los montos destinados a las citadas contraprestaciones y elimina arbitrariamente los componentes de la remuneración y, en consecuencia, los derechos sociales fundamentales.
Registran 3.480 quejas laborales en dos años
Página Siete / La Paz
Entre las gestiones 2012 y 2013 hubo 3.480 denuncias de vulneración de derechos laborales en todo el país, informó la Defensoría del Pueblo.
"Durante las gestiones 2012 y 2013, la Defensoría del Pueblo recibió en todas sus oficinas 3.480 denuncias de vulneración de derechos laborales. Esta cifra es una de las más altas y representa un 13% del total de denuncias por derechos vulnerados que hemos registrado”, explicó ayer en su informe el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
Explicó que recientes datos del Centro para el Desarrollo Laboral (CEDLA) señalan que en las ciudades más pobladas del país, el 80% de los trabajos son considerados precarios.
Ello significa que estos empleados carecen de protección, estabilidad y seguros. En general, se les niega varios derechos fundamentales, entre los cuales se identifican salario justo, honorario adecuado, vacaciones, aguinaldos y seguro de salud.
"Los datos disponibles muestran la extrema complejidad y gravedad de un problema que afecta el ejercicio de los derechos humanos ya que el derecho al trabajo no sólo implica la posibilidad de tener un trabajo y obtener ingresos para subsistir de forma digna, sino permite la realización de las personas dentro de la sociedad”, resaltó Villena.
El defensor del Pueblo añadió que el derecho al trabajo en Bolivia es vulnerado con la disminución de pagos y el acoso laboral, entre otros aspectos.// Página Siete (BO)
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