Bolivia: En seis años los recursos fueron más al centralismo

En seis años de vigencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización No. 031 del 19 de julio de 2010, en lugar de profundizar el proceso en el marco de un nuevo Pacto Fiscal, se acrecentó la administración de los recursos públicos en favor del Gobierno central hasta un 82% dejando solo un 14% a favor de los nueve gobiernos departamentales y 339 municipios del país y otros solo un 4% (universidades y empresas descentralizadas), señala un informe de diagnóstico y propuesta de la Agrupación Soberanía y Liberación (SolBo) al que tuvo acceso El Día.

Además, dicho documento señala que en este periodo, de manera paradójica y desproporcional se han cargado 81 competencias a las entidades autonómicas (gobernaciones y municipios), dejando 46 para el Gobierno central de las 127 competencias existentes o creados por el Estado. En ese contexto, señala además que la discusión del Pacto Fiscal, ha quedado paralizado, dejando de lado cualquier mecanismo de profundización del proceso autonómico.

"Prácticamente en este periodo de seis años el modelo de Estado se ha “ultracentralizado”, donde el Gobierno nacional solo maneja 47 competencias  pero administra el 82% de los recursos. Hay una brecha y una inequidad insoportable. Ya no podemos seguir con ese modelo de Estado ultracentralizado", señaló, José Luis Bedregal, vocero de SolBo.

Parálisis de un gran debate. "Van seis años y hasta ahora nada", dicen las autoridades regionales y expertos en el tema, en referencia a la aplicación plena de la Ley Marco de Autonomías, cuyo objetivo central era, discutir  un nuevo Pacto Fiscal, proceso que hasta hoy sigue postergado. "En todo este tiempo el Gobierno en lugar de profundizar el proceso lo que ha hecho es asfixiar y estrangular la autonomía con el cercenamiento de los recursos. Basta recordar el recorte del 12% impuesto vía una Ley de Incentivos para la actividad hidrocarburífera", complementó José Luis Santistevan, abogado constitucionalista.

Mientras el Gobierno, mediante un resumen institucional del Ministerio de Autonomías, destaca 60 logros  de la Ley Marco, el hecho estriba, como cita el gobernador de La Paz, Félix Patzi, es  que no se ha iniciado con la verdadera discusión en esencia del Pacto Fiscal. Además, enfatiza que hasta hoy solo hubo mecanismos de “dilación” en el contexto de los últimos seis años.

"Evidentemente con dicha norma se ha redistribuido nuevas competencias, como por ejemplo en el área de salud, en el que los hospitales de tercer nivel pasaron a ser administrados por las gobernaciones y el resto por los municipios, pero no han asignado los recursos correspondientes para cada uno de esas competencias. Tampoco se han creado mecanismos para que dichas entidades denominadas “territoriales” puedan generar sus propios ingresos", señaló la autoridad, durante la semana que pasó en contacto con El Día.

Para el analista y experto en el tema de las autonomías, Iván Arias, el principal motivo que explica todo es que el Gobierno no tiene voluntad política de llevar adelante el proceso de descentralización y fortalecimiento de las autonomías, no solo departamentales, sino también de los municipios del país. "Fueron años de inercia y retroceso, dado que en estos años los municipios han hecho más de lo mismo, de reproducir lo que hace el Gobierno central, pero en contrapartida se han olvidado del desarrollo humano", precisó.

Arias califica como un retroceso que el Gobierno central haya concentrado el manejo de los recursos. "En todo este tiempo el Ministerio de Autonomías en lugar de profundizar las autonomías solo ha agravado la dependencia del Gobierno central. Antes los gobiernos locales y departamentales por lo menos manejaban el 25% de los recursos y ahora a caído a menos del 15%. Eso explica el retroceso que se ha dado", aseguró.

El punto nodal de la discusión. Según el sociólogo Vladimir Medina, el tema del Pacto Fiscal se pone nuevamente en agenda de primera línea de discusión en la coyuntura sociopolítica actual. Y más aún por la movilización que viene adquiriendo las reacciones en La Paz con una huelga de hambre del gobernador Patzi, los cívicos en Tarija y otras instituciones sociales del país. "Es que la caída de los ingresos por la desaceleración económica que vive el país, viene afectando seriamente a las entidades autónomas, además, al verse en el duro dilema de cómo sostener ese desajuste de la redistribución de los recursos que se tiene actualmente", señaló.

Por su parte, la Fundación Jubileo, en contacto con ANF durante la semana pasada, manifestó que el Consejo Nacional de Autonomías se ocupe más en definir una metodología de trabajo del Pacto Fiscal en lugar de avanzar en una agenda. Planteó un amplio diálogo para tratar entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil la generación de ingresos, la redistribución de recursos, el destino del gasto, el patrón de desarrollo, además de la gestión pública.

El director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, propuso una amplia agenda de debate entre los diferentes niveles de gobierno con la sociedad civil. Recordó que el Pacto Fiscal surgió en la Asamblea Constituyente y ratificado en la Constitución Política del Estado de 2009, por lo que se requiere de voluntad política para avanzar en un proceso que quedó estancado.

"Nos debemos poner de acuerdo en definir competencias y atribuciones que puede llevar a modificar la carta orgánica. Primero discutiremos ¿qué queremos?, ¿Adónde vamos a destinar el dinero? ¿quién es el mejor operador?, y luego darle la institucionalidad (…). Pero por lo menos debe darse la apertura al diálogo, da la sensación de que el Consejo Autonómico está normando una metodología, pero todavía no está definiendo una agenda", señaló

En la misma línea, el gobernador de La Paz, reclamó al Ministerio de Autonomías, que la discusión de fondo debe estar signada de cómo redistribuir de manera equitativa los recursos, conforme a la población y las competencias. "Es un tema de fondo, aunque el Gobierno quiere desviar con pequeñas cosas como los recursos en caja y banco, cuando la verdadera realidad es que el Gobierno central no puede seguir monopolizando los recursos", argumentó, Por su parte, Bedregal enfatizó que amerita iniciar un diálogo profundo con todas las autoridades de los gobiernos departamentales y municipales del país, dado que estos son los sectores que generan los recursos al país. "Para hablar de autonomías tiene que haber autonomía en la administración de los recursos. En ese contexto, no hay recurso que genere los ministros, el vicepresidente, o el ministro de Autonomías. Los recursos se generan en las regiones donde producimos, sembramos la tierra, criamos los ganados, extraemos los minerales, por eso pedimos las regiones lo que nos corresponde", finalizó.

Parálisis

La discusión del Pacto Fiscal sigue como al principio

Contexto. La Ley Marco de Autonomías, en la Disposición Transitoria Décima Séptima de la LMAD determinó que el Servicio estatal de Autonomía en coordinación  con el Ministerio de Autonomías y  el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaboraran una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal.

Más abajo, señala que la discusión del mismo, en un plazo no mayor a seis meses después de la publicación de los resultados oficiales del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, la propuesta técnica sobre el Pacto Fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional. Según expertos, ese paso jamás se cumplió por parte del Gobierno.

Postergación. En noviembre del 2012 se llevó a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda cuyos resultados oficiales fueron presentados recién en junio del 2014. A pesar del retraso en la entrega de dichos resultados, la presentación de una propuesta técnica sobre el Pacto Fiscal, previsto en la Ley Marco en el plazo de seis meses posteriores, tampoco se hizo realidad. 

Exigencia. Pasado el tiempo e incumplido los plazos, a mucha presión de las gobernaciones y municipios, cerca el final del 2015 se conformó un Consejo Nacional de Autonomías. Según Bedregal, dicha instancia tuvo un papel de absoluta sumisión al Gobierno central, con escasa  capacidad de encarar el “gran debate”.

persistencia. El Gobierno, a través del Ministerio de Autonomías, en reiteradas oportunidades ha manifestado su posición en el sentido que el proceso es un paso gradual, por lo que señaló que se debe diseñar una propuesta técnica y metodológica del Pacto Fiscal para iniciar el debate.

Punto de vista

Un Pacto Fiscal va más allá de la distribución'

Jimmy Osorio

Analista económico

“El proceso de Pacto Fiscal en Bolivia se hace cada vez más necesario, pero su avance aún es incipiente, por lo que antes de encarar un Contrato Social de tal magnitud se debe tomar las previsiones y el tiempo necesario para la preparación de los espacios en los que se llevará a cabo. Lamentablemente, en ese contexto, a lo largo de todo este tiempo el gobierno, con una postura totalmente política ha venido postergando su tratamiento, más aún ahora cuando las regiones se ven ahogadas por la falta de ingresos de IDH y regalías que se redujeron como efecto de la caída de las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina.

En ese ámbito, se puede constatar que muchas de las propuestas de redistribución de recursos fiscales, tienen más tintes políticos que formalismos técnicos, por lo que exigir la aplicación de estos se hace irresponsable, generando desconfianza en lo que debe ser un proceso transparente y participativo.

Ante todo, el Pacto Fiscal implica un debate entre todos, basada en la Identificación de las falencias de la administración fiscal en los países de la región como el nuestro.

La CEPAL define al Pacto Fiscal como un acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social, es decir que el Pacto Fiscal va más allá de la simple distribución de la cantidad de recursos fiscales que genera el Estado y sus habitantes.

Los principios tienen que ver con la consolidación del ajuste fiscal, mayor productividad del gasto público, transparencia de los fondos, resguardo de la equidad y mayor institucionalidad democrática”.

'Se han planteado recursos constitucionales para el Pacto Fiscal. Como el Gobierno maneja la justicia, el  fallo fue negativo'

José Luis Santistevan

Abogado constitucionalista

'El Gobierno se mete en competencias departamentales y municipales con megaproyectos que al final  resultan elefantes blancos'.

Iván Arias

Experto en autonomÍas// El Día

_